La líder opositora, María Corina Machado, junto con el diplomático Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024, han convocado una reunión urgente con organizaciones opositoras que firmaron el Manifiesto de Panamá a finales de mayo. Este encuentro tiene como objetivo fundamental analizar la “agenda de trabajo conjunto” que fue anunciada recientemente por la Asamblea Nacional chavista y la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la exdiputada opositora Dinorah Figuera, bajo la supervisión de Washington.
Los líderes políticos han enfatizado que toda negociación debe centrarse en la urgencia de las necesidades del pueblo venezolano, asegurando que abogarán por el respeto al mandato popular. Las negociaciones formales entre las dos asambleas comenzarán el próximo 1 de agosto, con la meta de establecer un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de fin de año, lo que posibilitaría un cronograma electoral actualizado. Además, la comisión interparlamentaria tiene el propósito de reformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un órgano que ha actuado como un potente instrumento contra la oposición en la última década. También se busca cimentar un nuevo sistema judicial y rehabilitar a partidos y líderes opositores.
Este movimiento corresponde a un plan de tres etapas impulsado por el Departamento de Estado estadounidense desde la captura del régimen de Nicolás Maduro el 3 de enero. Inicialmente, Washington intentó sostener en el poder a Delcy Rodríguez, quien actuaría como presidenta de un gobierno de facto, y posteriormente buscó revitalizar la comisión delegada de la Asamblea de 2015, dominada por los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular, de los cuales Machado no forma parte.
Sin embargo, esta iniciativa de Estados Unidos contrasta con lo estipulado en el Manifiesto de Panamá, que había otorgado a Machado un papel protagónico en las negociaciones. En medio de esta compleja dinámica política, informes recientes indican que las directrices de Washington han interrumpido intentos del gobierno de los hermanos Rodríguez por ganar tiempo tras los devastadores terremotos ocurridos en el Día de San Juan. Según el último balance oficial, 4,734 personas han perdido la vida y 16,714 resultaron heridas, mientras que alrededor de 29,000 están listadas como desaparecidas.
La incertidumbre en Venezuela continúa siendo profunda, y estas recientes dinámicas políticas podrían marcar un punto crítico en la búsqueda de una transición hacia la estabilidad y la democracia en el país. Las próximas semanas serán decisivas, tanto para la oposición como para el gobierno vigente, en el camino hacia una posible renovación política.
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