El reciente operativo del ejército colombiano ha llevado a la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla en una remota región del noroeste del país. En esta acción, dos efectivos de las fuerzas armadas perdieron la vida y cinco más resultaron heridos tras la activación de una carga explosiva por los rebeldes.
Los secuestrados, que incluyen a dos menores de edad, fueron capturados en una carretera rural de la región de Chocó, un lugar donde la guerrilla tiene una fuerte presencia y se financia principalmente a través del narcotráfico y la minería ilegal. Las víctimas eran civiles que viajaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, quienes han bloqueado la vía que conecta Chocó, rico en recursos naturales y fronterizo con Panamá, con Medellín.
El ejército anunció la salida exitosa de los secuestrados, quienes fueron trasladados en helicóptero a una base militar en la capital del departamento. Chocó, conocido como un enclave del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha sido escenario de extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública. Las autoridades locales han instado a la población a evitar la carretera afectada, donde continúan los enfrentamientos entre el ELN y el ejército.
A pesar de las negociaciones fallidas del gobierno saliente de Gustavo Petro —exguerrillero del desmovilizado M-19—, la situación de seguridad en Colombia sigue siendo compleja. El ELN, que posee aproximadamente 6,810 combatientes según un informe reciente, ha incrementado su número en un 9% en el último año. Esta organización armada no participó en el histórico acuerdo de paz que desarmó a las FARC hace una década, y su control en diversas regiones como el noreste y suroeste del país sigue siendo notorio.
Además, el contexto de inseguridad se ha intensificado debido a la violencia intergrupal. En enero de 2025, enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC llevaron a más de un centenar de muertes y desplazaron a decenas de miles en el Catatumbo, una región que limita con Venezuela. Esta escalada de violencia ha fortalecido a los grupos armados ilegales en los últimos cuatro años, un fenómeno que se ha convertido en un tema central en la política del país.
Con la llegada del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, se prevén cambios en la política de seguridad. De la Espriella, ubicado en la ultraderecha, ha prometido adoptar una postura más agresiva, incluyendo bombardeos masivos contra los insurgentes. En este contexto, el secuestro por parte de grupos criminales se ha vuelto una práctica habitual, generando preocupación entre la población y en la actual agenda política.
Así, Colombia enfrenta el desafío de gestionar la violencia y la inseguridad en medio de un clima tenso, donde la esperanza de paz se mezcla con la realidad de una guerra que persiste desde hace décadas.
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