El salario mínimo profesional se erige como un derecho irrenunciable para las 61 profesiones y oficios autorizados en México, garantizando que cada trabajador reciba un ingreso justo por la especialización y habilidades que requieren sus labores. Este esquema se diferencia notablemente del salario mínimo general, ya que los montos asignados a cada profesión reconocen la complejidad de las tareas y el conocimiento necesario.
Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), la diferencia entre estos dos tipos de salario puede oscilar entre un 0.57% y un 124%, siendo el promedio del 14%. En lo que respecta a la legislación vigente, el salario mínimo general para 2026 se fijará en 9,451.2 pesos al mes. En contraste, el salario mínimo profesional más bajo será de 9,505.5 pesos mensuales para un “manejador de granja avícola,” mientras que el profesional mejor remunerado, un reportero de prensa escrita, deberá percibir mensualmente 21,163.8 pesos.
Es crucial que los trabajadores en estas profesiones estén atentos a sus percepciones salariales. Si un individuo se percata de que su salario es inferior al mínimo profesional estipulado, tiene el derecho de demandar el pago correspondiente. Sin embargo, existe una distinción que puede dar lugar a confusiones; algunos trabajadores podrían recibir salarios superiores al mínimo general, pero por debajo del mínimo profesional, lo que genera una zona gris en cuanto a la legalidad de sus percepciones.
Los empleadores podrían argumentar que el cumplimiento del salario mínimo está garantizado al pagar más que el mínimo general, pero la última palabra siempre la tendrá la autoridad judicial. Este determinará si las funciones desempeñadas por el trabajador coinciden con las especificadas en el listado de Conasami. Aquellos que no cuenten con un título profesional pueden enfrentar desafíos adicionales, ya que la falta de una certificación que valide su especialización podría limitar sus opciones legales, aunque el tribunal evaluará las tareas diarias en relación con la descripción oficial del puesto.
Las sanciones para las empresas que incumplan con estas regulaciones son severas. La Ley Federal del Trabajo establece multas económicas que pueden ascender hasta 362,048 pesos, dependiendo del monto del pago omitido. En el caso de infracciones más graves, también se puede imponer prisión de hasta cuatro años.
Es vital que las empresas realicen ajustes en sus tabuladores salariales antes del 1 de enero de 2026, cuando entrarán en vigor los nuevos salarios mínimos. La comunicación interna sobre estos cambios se vuelve indispensable para evitar malentendidos y posibles demandas de los trabajadores.
La noción de salarios mínimos profesionales fue introducida en 1962, y aunque los primeros montos se fijaron en 1966, la evolución de estos salarios se ha basado en un exhaustivo análisis de diferentes factores, como instrucciones, experiencia y esfuerzo requerido. Este marco busca momentos y condiciones más justas para garantizar que cada trabajador reciba una compensación adecuada a sus capacidades y responsabilidades.
Con una atención constante a estas regulaciones y una mayor concienciación sobre los derechos laborales, se busca fomentar un ambiente laboral más equitativo y justo en el país.
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