Adquisiciones públicas con 65% de nacionalidad.

El gobierno de México ha dado un paso significativo en la regulación de las compras públicas, implementando reformas para el contenido nacional de los bienes adquiridos. Estas nuevas regulaciones, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, establecen un contenido nacional mínimo del 65%, un cambio que busca fortalecer la economía del país y promover un desarrollo más equitativo en la industria local.

La metodología para medir este contenido se basará en el costo neto de producción en lugar del precio de venta. Esta modificación tiene como propósito no solo incentivar la participación de fabricantes nacionales, incluyendo cooperativas y pequeñas empresas, sino también asegurar una mayor transparencia en las transacciones gubernamentales. De acuerdo con la Secretaría de Buen Gobierno, estas medidas tienen el potencial de potenciar la integración productiva nacional y desarrollar capacidades industriales en México.

Un aspecto clave de las nuevas disposiciones es la implementación de mecanismos de acreditación más robustos. Los proveedores que obtengan contratos deberán presentar evidencia y documentación que respalde el porcentaje de contenido nacional que reclamen en sus propuestas. Para evitar fraudes y simulaciones, la coordinación entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control se verá fortalecida, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de los procedimientos.

Adicionalmente, se han incorporado nuevas prácticas de verificación que incluyen la posibilidad de considerar el consumo de recursos, como la electricidad y el agua, en el proceso de acreditación. Esta medida está diseñada para garantizar que la producción de bienes realmente se esté llevando a cabo en territorio nacional, reflejando auténticamente el compromiso del gobierno con el desarrollo local.

Quienes no logren acreditar el contenido nacional requerido estarán sujetos a sanciones, lo que refuerza aún más la seriedad con que se abordará esta reforma. Se ha planificado también un programa de capacitación destinado a facilitar la implementación de estas nuevas reglas, asegurando que todos los involucrados, desde proveedores hasta servidores públicos, comprendan y apliquen correctamente las disposiciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha subrayado que este acuerdo tiene como finalidad convertir las compras públicas en un verdadero instrumento de política industrial, con reglas claras y orientadas al crecimiento nacional. El gobierno busca así aprovechar su poder de compra para impulsar el desarrollo de la industria local, fortalecer las cadenas productivas y promover una prosperidad que beneficie a todos los mexicanos.

Esta reforma es el resultado de un proceso de consulta participativa, que incluyó el diálogo con sectores clave como el textil y el de dispositivos médicos, reafirmando el compromiso del gobierno de construir acciones que respondan a las necesidades de la industria local. Con estas reformas, se reforman y derogan diversas disposiciones que regulan la determinación y verificaciones del contenido nacional en las adquisiciones gubernamentales.

A medida que se acerca la fecha de implementación de estas medidas, el llamado es claro: se trata de una oportunidad de oro para transformar la economía nacional y consolidar un futuro donde el desarrollo de la industria local sea una prioridad, un objetivo alcanzable con el compromiso de todos.

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