Por Juan Carlos Sánchez Magallán
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México ha sufrido múltiples adversidades provocadas por eventos de la naturaleza, como son los huracanes, los sismos, las inundaciones y, ahora, la pandemia, mostrando lo pequeños que somos frente a estos desafíos. Pero también existen otras adversidades, consecuencia del descuido e irresponsabilidad de algunos profesionistas encargados de la construcción, supervisión y el oportuno mantenimiento que las obras públicas y privadas que, por ministerio de ley, deben recibir. Ejemplos:
Las múltiples explosiones en instalaciones de Pemex, el ducto en Hidalgo, en 1993; la Torre de Marina Nacional en la Ciudad de México, el gasoducto de Nuevo León y la zona de gaseras de San Juanico, en 1984, la cual tuvo una serie de explosiones provocadas por la planta de almacenamiento y distribución de Pemex. De hecho, en 1990 se registró una explosión y un incendio en una planta de Pemex y dos depósitos de gasolina estallaron juntos en la planta satélite norte, instalaciones nuevas construidas a un kilómetro de donde ocurrió la explosión de 1984.
En 1992, el céntrico barrio de Analco, de Guadalajara, Jalisco, registró una serie de explosiones de gasolina filtrada de la planta de Pemex a los ductos de los sistemas de alcantarillado, provocando que el drenaje de ocho kilómetros de calles explotara, enviando al aire 600 vehículos, con afectaciones en 1,142 viviendas, 450 comercios y 100 centros escolares. Todo por errores cometidos en obras de sustitución de tubos de agua nuevos, hechos de hierro y revestidos de zinc, instalados cerca de una tubería de acero perteneciente a Pemex, donde la humedad de la tierra hizo que los metales tuvieran una reacción electrolítica, ocasionando corrosión, lo que formó un agujero por donde se filtró la gasolina a los ductos del alcantarillado.
Si las autoridades de Pemex, protección civil, gobiernos estatales y municipales hubiesen hecho su tarea de prevención, supervisión y mantenimiento, se hubiese evitado la pérdida de cientos de vidas humanas y materiales.
Los sismos de septiembre de 1985 derribaron miles de vecindades, edificios y hoteles del corazón de la Ciudad de México, dando como resultado más de 50 mil familias damnificadas, a las que se les dotó de viviendas nuevas y rehabilitadas en propiedad.
Qué decir de los sismos de septiembre de 2017, que volvieron a sacudir la capital de la República, provocando la pérdida de vida de 228 personas y cientos de heridos, al colapsar 38 edificios, varios de estos recién construidos, pues quienes otorgaron los permisos fueron complacientes con las empresas que los edificaron al no certificar la calidad de los materiales. Para evitar este tipo de negligencias, la ley de la materia contempla de menos tres figuras en los procesos de construcción: 1) Los Residentes de Obra, que son quienes construyen, 2) Las empresas supervisoras que revisan la obra y 3) Los residentes de obra (RDO), que revisan y certifican a los dos anteriores. ¿Consecuencia?, los responsables fueron investigados por la actual administración para determinar su responsabilidad, sólo que algunos no dan la cara, pues esta administración estuvo plagada de corrupción.
Por cierto, la reciente tragedia de la Línea 12 del Metro, que lamentablemente provocó la pérdida de 27 personas y muchos heridos, se debe conocer con precisión: ¿qué criterios técnicos tomó Mancera para su reapertura, después de cerrarla casi dos años?
Si con el pretexto de dar mantenimiento al Metro, éste subió el precio de los boletos, de tres pesos a cinco, ¿cuáles son las obras que Mancera realizó al Metro con este dinero?, ¿y cuáles los estudios técnicos que apoyaron esta decisión que constituye una responsabilidad política y muy probablemente penal? Ciertamente persiguió al canciller Marcelo Ebrard pretendiendo su desprestigio e incluso quiso meterlo a la cárcel; ciertamente a muchos personajes de la política molesta la eficacia del canciller Ebrard y cierto, también, a otros les estorba. ¿O no, estimado lector?
