La reciente alerta emitida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca un alarmante fenómeno en México: el resurgimiento de la censura a través de acciones judiciales y legislativas que amenazan seriamente la libertad de prensa y expresión.
En las últimas semanas, se han reportado múltiples casos que evidencian esta preocupante tendencia. Uno de los episodios más destacados se ha registrado en Campeche, donde el periodista Jorge Luis González Valdez ha sido objeto de una orden judicial sin precedentes, que lo obliga a abstenerse de mencionar a la gobernadora Layda Sansores. Esta medida no solo interviene de manera drástica en la labor periodística, sino que obliga al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a la revisión previa de un interventor judicial. Esta acción, claramente en contra de los principios internacionales y de la propia Constitución mexicana, se produce a pesar de que un tribunal federal había considerado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo periodista.
Pero Campeche no es un caso aislado. En Puebla, una reciente reforma al artículo 167 del Código Penal ha ampliado el concepto de “ciberacoso”, introduciendo la figura de “violencia digital”. Esta nueva normativa castiga con prisión a quienes realicen publicaciones que afecten la dignidad de una persona. La redacción ambigua y poco clara de esta norma puede ser utilizada como un mecanismo de control contra periodistas, activistas o ciudadanos que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa un intento de censura legal anticipada.
Además, la SIP ha señalado las intimidaciones que enfrenta el medio digital La Silla Rota, tras recibir solicitudes del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar documentos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio. Bajo la amenaza de posibles multas que podrían ascender a 11 millones de pesos, se evidencia una presión institucional que busca coartar la libertad de información.
Por último, el Tribunal Electoral de Tamaulipas ha emitido resoluciones que obligan al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal a retirar una columna crítica, como resultado de una demanda promovida por una candidata a magistrada local. Esta acción plantea serias dudas sobre la independencia de los medios y la protección del derecho a la libre expresión en el país.
Con estas acciones, se agrava un panorama donde la libertad de prensa se encuentra en riesgo. La SIP exhorta a la comunidad nacional e internacional a estar alerta ante estas maniobras que amenazan los derechos fundamentales de expresión y acceso a la información. La situación en México, tal como se presenta hasta la fecha de publicación de este contenido (23 de julio de 2025), resulta alarmante y exige una reflexión profunda sobre la continuidad y defensa de la democracia en el país.
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