Los productores de maíz en los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y la región del Bajío han anunciado su intención de bloquear carreteras el próximo lunes si el Gobierno no accede a establecer un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada, como lo demandan las organizaciones agrícolas. Esta advertencia fue formulada por Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien aseguró que, sin una respuesta favorable de la Secretaría de Gobernación y de Agricultura, los agricultores llevarán a cabo bloqueos en casetas de peaje y en las principales vías de comunicación del país. Además, están considerando movilizarse hacia la capital con maquinaria agrícola.
López Ríos ha expresado que un paro nacional previo no fue suficiente para sensibilizar al Gobierno mexicano, presidido por Claudia Sheinbaum, sobre la crisis que enfrenta el campo. En sus declaraciones, criticó la política agrícola del actual Gobierno, afirmando que las administraciones de la llamada cuarta transformación no han mejorado las condiciones de los campesinos, incluso señalando que han reducido el presupuesto destinado al desarrollo rural y eliminado programas sociales cruciales.
Uno de los puntos más alarmantes que presentó el dirigente fue la alarmante dependencia alimentaria de México. Aseguró que actualmente el país produce menos del 50 % del maíz que consume, junto con cifras igualmente bajas en la producción de otros granos básicos como el trigo y el arroz. López Ríos enfatizó que la autosuficiencia alimentaria ha caído dramáticamente del 72 % al 42 % en los últimos 37 años, con una notable reducción de cuatro millones de hectáreas sembradas.
A su vez, el dirigente abordó los elevados costos de producción que enfrentan los agricultores, afirmando que preparar la tierra, adquirir semillas, fertilizantes y pagar jornales requieren una inversión de aproximadamente 55,500 pesos por hectárea. En contraste, el precio actual de venta del maíz se sitúa alrededor de 4,800 pesos por tonelada, lo que resulta insostenible para muchos productores.
López Ríos concluyó su intervención reclamando una nueva política de desarrollo productivo que garantice la autosuficiencia y soberanía alimentaria en el país. De no ser atendidos, los productores están listos para iniciar una gran revuelta nacional pacífica.
En abril de este año, el Gobierno mexicano anunció una inversión significativa de 83,760 millones de pesos hacia 2030, con el objetivo de beneficiar a 750,000 productores agrícolas y alcanzar la tan anhelada soberanía alimentaria en un contexto de creciente proteccionismo estadounidense. A medida que se acerca el lunes, la presión sobre el Gobierno para abordar las demandas de los productores de maíz se intensifica, poniendo de manifiesto una aguda crisis en el sector agrícola mexicano que podría tener repercusiones importantes en la economía y la estabilidad social del país.
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