En un movimiento que ha generado fuertes reacciones entre los defensores de los derechos humanos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, ha dado a conocer la contratación de Vidulfo Rosales como nuevo secretario de Estudios y Cuenta. Rosales, conocido por su papel en la defensa de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, recibirá un salario neto aproximado de 118 mil pesos mensuales, además de beneficios que incluyen un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de vida.
Esta decisión ha provocado reacciones de desilusión entre algunos de los simpatizantes de la causa normalista, quienes han llegado a acusar de traición al abogado. Muchos consideran que su cambio del Centro Tlachinollan—organización centrada en la defensa de derechos humanos—al prestigioso edificio de la Corte representa una especie de “puerta giratoria” que desafía sus ideales.
En Palacio Nacional, la figura de Rosales ha adquirido una relevancia significativa debido a la creciente presión sobre las Fuerzas Armadas en relación con varios sucesos recientes, entre ellos la investigación sobre el “huachicol fiscal” en la Marina Armada de México. Este contexto se complica aún más ante la falta de avances en el caso de los normalistas desaparecidos, lo que ha llevado a intensas movilizaciones y demandas de justicia por parte de las familias y sus simpatizantes.
Un aspecto que ha llamado la atención es cómo esta situación se entrelaza con el presente de las Fuerzas Armadas. Recientemente, la Fiscalía General de la República ha reabierto casos relacionados con el robo y tráfico de combustible ilegal, revelando vínculos con el exsecretario de Marina. Estas revelaciones han impactado la credibilidad de la institución, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.
Días previos al undécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, las movilizaciones han comenzado, impulsadas por grupos como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Este lunes, las tensiones se hicieron palpables cuando se reportaron ataques a las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero, como parte de las protestas que buscan recordar la lucha por la presentación con vida de los normalistas.
Este panorama resalta la compleja relación entre justicia, derechos humanos y las instituciones gubernamentales en México, un país que aún lidia con las secuelas de sucesos trágicos y la exigencia de respuesta frente a un pasado doloroso. Con el aniversario de los eventos de Ayotzinapa a la vista, la sociedad civil se prepara para continuar su búsqueda de justicia y respuestas, mientras la figura de Vidulfo Rosales se convierte en un punto focal en esta lucha.
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