En una mañana cargada de simbolismo, el 5 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una notable ampliación del Plan México, diseñado para reactivar la producción nacional, sustituir importaciones y aumentar el contenido local en las compras públicas, particularmente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta iniciativa tiene como objetivos primordiales la protección del empleo mexicano mediante la lucha contra prácticas desleales y la promoción de una política industrial activa. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la cancelación de 1,062 registros de molinos de acero que contenían información falsa o estaban relacionados con fábricas inexistentes. Estos registros eran utilizados por importadores para simular un origen legítimo del acero, evadir aranceles y eludir la trazabilidad legal necesaria. Adicionalmente, se mencionaron ocho empresas del programa IMMEX que importaron textiles y calzado para reexportarlos, pero que, en realidad, los vendieron en el mercado nacional. Este fraude asciende a 24,000 millones de pesos y las empresas están bajo investigación de la FGR. Ebrard destacó que, desde la implementación en diciembre de aranceles del 35% a textiles y calzado de países sin tratado comercial con México, las importaciones de prendas han caído un 60%.
Además, el secretario señaló que las importaciones desde países asiáticos sin tratados comerciales han disminuido drásticamente, mientras que la participación de socios del T-MEC ha aumentado del 15% al 24%. Las importaciones temporales, otro canal frecuente de evasión, también han visto una disminución del 53%.
Un nuevo componente del plan incluye un ajuste de precios de referencia, que establece valores mínimos oficiales para calcular impuestos sobre importaciones. Muchos importadores declaraban precios artificialmente bajos con el fin de reducir sus aranceles. Se actualizarán los precios en sectores como muebles, juguetes y papel, buscando prevenir subvaluaciones y proteger la producción local. A partir de junio, se lanzará una campaña para promover el consumo de productos nacionales, en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, comunicó que la CFE aumentará el contenido nacional en sus proyectos de inversión: se prevé un incremento del 25% al 60% en distribución eléctrica, y del 30% al 60% en transmisión, aunque habrá un aumento limitado en generación, dado que los equipos principales aún se importan. El enfoque es potenciar la expansión del sistema eléctrico y fortalecer a los proveedores nacionales.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, estimó que si se logra sustituir el 10% de las importaciones manufactureras y nacionalizar el 10% de las compras públicas, el PIB podría crecer 0.7 puntos porcentuales adicionales al año, generando hasta 700,000 empleos. Aunque su argumento económico es sólido, la tarea no es sencilla: reemplazar importaciones requiere un marco regulatorio adecuado, certeza jurídica, inversión, tecnología, logística, normas de calidad y financiamiento. En naciones con políticas industriales activas, alcanzar estos objetivos suele requerir entre 3 y 5 años.
La estrategia delineada por la presidenta Sheinbaum es acertada; México no puede ni debe depender indefinidamente de las importaciones. Lo anunciado representa el inicio de una prolongada lucha por la soberanía industrial, un desafío que demandará años de ejecución, inversión pública y un diálogo constante con el sector privado.
La información corresponde a la fecha de publicación original (2025-05-06 01:19:00). Para aquellos que buscan un panorama más actualizado, es fundamental continuar monitoreando el avance de estas políticas y sus impactos en la economía nacional.
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