Amanda Gómez implicada en caso Accendo, afirma ex auditor.

En un giro impactante del caso Accendo Banco, Francisco Romero Serrano, ex auditor estatal encarcelado durante el gobierno de Miguel Barbosa, ha señalado a Amanda Gómez Nava, ex secretaria de la Función Pública y actual titular de la Auditoría Superior del Estado, como responsable de la pérdida de 600 millones de pesos en dicha inversión fallida. Su declaración ha sacudido el entorno político y judicial de Puebla, donde se intensifican las demandas de justicia.

Romero Serrano, alzando la voz en redes sociales, destaca que, mientras él y otros enfrentaron sanciones penales basadas en presunciones, las ex colaboradoras del gobierno de Barbosa no han afrontado el mismo destino. Acompañando su crítica, menciona a Teresa Castro Corro, quien ya ha sido multada con 363 millones de pesos y se encuentra inhabilitada por 20 años, pero según Romero, esto no es suficiente. “Es evidente que este quebranto era predecible; si se declaró la quiebra de Accendo, resulta claro que la inversión fue fraudulenta. La complacencia de Amanda Gómez la hace parcialmente responsable”, comentó.

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El caso ha suscitado interrogantes sobre la falta de sanciones penales a los implicados en un desfalco tan significativo. Las respuestas parecen eludir a una justicia más rigurosa. En un tuit, Romero Serrano cuestiona: “¿Las y los culpables NO van a ir a prisión?” En su intervención, también subraya que la situación de Gómez debe ser examinada con la misma severidad que se ha aplicado a otros.

Es crucial recordar que durante su reciente comparecencia ante el Poder Legislativo en 2023, Amanda Gómez se abstuvo de hacer comentarios sobre el caso de Accendo, argumentando que, en el momento de la inversión, ella ejercía funciones como secretaria de la Función Pública. Sin embargo, este acto de evasión ha generado escepticismo respecto a su papel en el escándalo, dejando a muchos preguntándose si realmente se hará justicia.

Mientras el debate sobre la responsabilidad y las sanciones sigue en aumento, la comunidad observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a un caso que ha dejado profundas huellas en la administración pública de Puebla. Las exigencias de claridad y equidad no cesan, y la presión sobre los funcionarios involucrados parece estar en su punto más alto.

Con el eco de las declaraciones de Romero Serrano aún resonando, se espera que el sistema judicial actúe con integridad y firmeza. La necesidad de rendición de cuentas en este escándalo de 600 millones de pesos se convierte en un imperativo no solo para los afectados, sino para la confianza pública en las instituciones. ¿Habrá justicia en el caso Accendo o se repetirá la historia de la impunidad? El tiempo lo dirá.

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