Cuando estudiaba Derecho, nos enseñaban que la justicia era igual para todos. Y sigo creyendo, de verdad, que ese es el principio que inspira la gran mayoría de constituciones del mundo. Con los años, cuando he viajado por trabajo a otros lugares, he podido darme cuenta de que sus puertas no están igual de abiertas para todos. He visto a mujeres víctimas de violencia de género renunciar a interponer una denuncia por miedo, por presiones de su maltratador o desconfianza en las instituciones policiales y judiciales. He visto cómo las personas que no han podido ir a la escuela o quienes hablan lenguas originarias no conocen sus derechos o se sienten abrumadas ante un lenguaje jurídico a menudo muy técnico e incomprensible, renunciando así a recurrir a las instituciones que los podrían hacer valer.
Una situación que me ha impactado particularmente es la de las personas privadas de libertad en prisiones de América Latina, en espera indefinida de un juicio que no llega y en situaciones, como he podido ver en algunas visitas a las cárceles, de hacinamiento completamente insostenibles. Por no hablar de aquellos que viven en lugares remotos o en barrios de la periferia de las grandes ciudades del continente, que simplemente no pueden permitirse pagar el transporte para llegar hasta el juzgado a interponer una denuncia.
Cuando te dedicas a la cooperación internacional te das cuenta muy pronto de que hay situaciones complejas que no pueden resolverse con un solo proyecto específico para un grupo de población y con un marco temporal limitado (principio-fin) que no permite perdurar o por una única institución o donante de forma aislada.
Toda la solidaridad y la ayuda son necesarias en un mundo herido de desigualdades, pero las tiritas no serán suficientes para sanarlo
Creo en el poder de las instituciones y de la cooperación, y en la colaboración entre ambos para promover cambios profundos y sostenibles. Pero sobre todo, creo en el poder de las personas, en el esfuerzo diario y el impulso vocacional de juezas y jueces, fiscales, defensores para generar el cambio desde dentro de sus instituciones, para lograr una justicia más accesible y equitativa para todos, sin discriminación alguna por razón de sexo, edad, origen o pertenencia a cualquier colectivo.
Por eso hemos decidido cooperar –que no quiere decir otra cosa que actuar juntos– las instituciones de justicia de Europa y América Latina con el fin de remover todos los obstáculos y abrir de par en par sus puertas. Considero que es importante que se conozcan maneras menos clásicas de cooperación.
100 reglas de Brasilia para un acceso equitativo a la justicia
Este camino empezó en 2008 cuando en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana se aprobaron las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Este texto, de referencia en la región, fue elaborado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en coordinación con las principales redes de justicia de América Latina (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), y la organización internacional Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). En 2018 fue actualizado y recoge una serie de principios y recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. Y no solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen tal acceso, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores, operadores y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
¿Para quiénes? Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas discapacitadas, comunidades indígenas, víctimas, personas en situación de movilidad (entre ellas migrantes y refugiadas), en situación de pobreza, mujeres, personas privadas de libertad, personas LGTBIQ+… Entre otros colectivos en situación de vulnerabilidad.
La de la justicia es, además, una llave para muchos otros derechos básicos como salud, vivienda, educación o empleo.
El pasado mes de enero tres redes judiciales (AIDEF, AIAMP y COMJIB) realizaron en Valparaíso una declaración sobre cómo la pandemia ha afectado a la justicia, y especialmente a las personas más vulnerables –30 millones de nuevos pobres en América Latina por la pandemia, según la CEPAL– e hicieron un llamamiento para continuar impulsando y promoviendo el acceso como un pilar esencial para el Estado de Derecho, la protección y la promoción de los derechos humanos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Incluyeron, además, un llamamiento para que este asunto siga siendo una línea prioritaria para la cooperación internacional, cuyo apoyo ha sido fundamental hasta ahora para impulsar gran parte de los procesos en la región.
Una de las primeras medidas adoptadas en este sentido ha sido la decisión avanzar en un convenio internacional con base en los principios y recomendaciones de las 100 reglas de Brasilia y otros instrumentos ampliamente aceptados en la región como las Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos y el Acuerdo de Escazú. La importancia de este convenio es crucial, porque actualmente no existe un instrumento internacional de carácter vinculante en la materia. Sí se reconoce el derecho de acceso a la justicia en diferentes convenios internacionales, pero no está desarrollado en toda su amplitud. Los mencionados son documentos de lo que se conoce como soft law, recomendaciones de muy alto valor pero cuya aplicación no es obligatoria.
Invitar a entrar
En tiempos donde prima el enfoque de seguridad, los discursos de odio y los recelos hacia las instituciones, las de justicia tendrán que dar mensajes claros para que la ciudadanía pueda seguir confiando en ellas. Abrir las instituciones implica también invitar a entrar en ellas, que sean percibidas como lugares cercanos, transparentes y proveedores de protección y soluciones. Hay que conseguir que las personas conozcan sus derechos y cómo defenderlos. Que pasen, que entren, que se sientan como en casa. La de la justicia es, además, una llave para muchos otros derechos básicos como salud, vivienda, educación o empleo.
Creo que sobran argumentos para seguir cooperando y para abrir las puertas de la justicia.
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