El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno está trabajando en la creación de un padrón confiable de personas desaparecidas en el país. Se trata de una medida necesaria para poder atender de manera efectiva y justa los casos de desapariciones forzadas, un grave problema que ha afectado a miles de familias en México. La creación de este registro representa un paso importante en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.
López Obrador aseguró que el padrón estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y que será actualizado constantemente para reflejar la realidad de las desapariciones en el país. Además, el presidente enfatizó la importancia de que las autoridades trabajen en conjunto con las familias de las personas desaparecidas, así como con organismos internacionales, para lograr avances en la búsqueda y localización de los desaparecidos.
La creación de un padrón confiable de personas desaparecidas es un paso crucial para garantizar que se haga justicia a las víctimas y a sus familias. En México, el problema de las desapariciones forzadas es uno de los más graves y persistentes en materia de derechos humanos, y se estima que el número de personas desaparecidas supera las 80,000 en todo el país. Es importante que el gobierno mexicano siga trabajando en políticas públicas efectivas para abordar este problema, así como en la mejora de la capacitación y la infraestructura de las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
En conclusión, la creación de un padrón confiable de personas desaparecidas es una medida crucial en la lucha contra el problema de las desapariciones forzadas en México. Este registro permitirá a las autoridades atender de manera más efectiva y justa los casos de desapariciones, así como trabajar en colaboración con las familias y organismos internacionales para lograr avances en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Es importante que el gobierno mexicano siga fortaleciendo las políticas públicas y la capacitación de las autoridades para garantizar que se haga justicia a las víctimas y a sus familias.
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