México vive un retroceso democrático, marcado por la violencia y el debilitamiento institucional, según un reciente informe de Human Rights Watch. Este panorama crítico ha persistido desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, a pesar de los progresos sociales, ha dejado un legado complicado con altos niveles de homicidios y una creciente militarización de la seguridad pública.
El documento, titulado “México, eventos 2025”, detalla preocupaciones sobre las condiciones herededas por la actual presidenta, también morenista. En un país que enfrenta una alarmante tasa de homicidios que superó los 25 por cada 100,000 habitantes en 2024, la violencia ha escalado en estados como Sinaloa debido a disputas entre cárteles. Esta situación se ve potenciada por el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, que alimenta la criminalidad y genera una sensación creciente de inseguridad entre la población.
Una de las reformas más controvertidas fue la aprobación en septiembre de 2024, que obliga a los jueces a competir en elecciones populares. Expertos advierten que esta medida socava la autonomía judicial y puede erosionar la confianza ciudadana y el estado de derecho, esencial para una democracia funcional.
La impunidad es otro pilar de esta crisis. Hasta ahora, solo uno de cada diez homicidios resulta resuelto, mientras que las fiscalías enfrentan limitaciones severas en recursos, además de prácticas de tortura y manipulación de pruebas. Esta falta de justicia no solo perpetúa la violencia, sino que también desanima a las víctimas y a sus familias de presentar denuncias.
Además, la militarización ha crecido, con el ejército asumiendo roles cruciales en la seguridad pública. Este cambio no ha estado exento de consecuencias, como ejecuciones extrajudiciales y el encubrimiento de abusos por parte de las fuerzas armadas. Casos emblemáticos como el de Ayotzinapa siguen sin resolverse, dejando heridas abiertas en la sociedad.
Las desapariciones son una tragedia en México, que registra más de 130,000 personas desaparecidas. Una de las situaciones más impactantes fue el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como campo de entrenamiento, donde se encontraron restos humanos. A su vez, los familiares que buscan a sus seres queridos enfrentan una realidad aterradora, que incluye amenazas e incluso asesinatos.
El cierre del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y nuevas leyes de vigilancia han limitado el acceso a la información, poniendo en riesgo la libertad de prensa y de expresión. Periodistas y defensores de derechos humanos continúan bajo una amenaza constante.
Human Rights Watch concluye que el mayor desafío para México será revertir este retroceso democrático iniciado durante el gobierno de AMLO, todo sin sacrificar los avances sociales logrados, como la reducción de la pobreza, que benefició a alrededor de 13 millones de personas durante su administración. La situación del país es crítica y requiere atención inmediata para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la seguridad y derechos de todos sus ciudadanos.
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