La agenda energética del Gobierno mexicano ya no se dirime en el Congreso, sino en los tribunales. Las reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector se han topado con cientos de amparos judiciales y varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia. El último revés ha llegado este lunes después de que un juez confirmara la suspensión de los cambios a la Ley de Hidrocarburos por la duración del juicio. Aunque el presidente ha prometido este martes litigar hasta el final, el enredo amenaza con bloquear las nuevas normas o, por lo menos, postergar su aplicación hasta el final del sexenio.
“No vamos a dar ni un paso atrás”, declaró en marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la aprobación de la reforma eléctrica. La realidad tampoco ha permitido al Gobierno dar un paso adelante. Los cambios tanto a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobados a principios de marzo, como a la Ley de Hidrocarburos, votados este mes, han sido suspendidos por los jueces pocas horas después de su entrada en vigor. Las dos iniciativas tienen un rasgo común: buscan reforzar a las empresas paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex frente a la iniciativa privada.
Las empresas afectadas han respondido con la presentación de amparos, un mecanismo que permite solicitar la suspensión temporal de la medida mientras se resuelve el juicio. La estrategia ha tenido éxito. Ya van más de 300 amparos en el caso de la reforma eléctrica y varias decenas para la de hidrocarburos. La defensa legal es parecida en ambos; se invocan los artículos de la Constitución que hacen referencia a la libre competencia económica y, para la reforma eléctrica, también el derecho a un medio ambiente sano.
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La gran mayoría de los amparos han desembocado en suspensiones indefinidas, muchas de ellas de carácter general, es decir, las iniciativas dejan de aplicarse mientras transcurre el juicio para todo el sector, no solo para las empresas denunciantes. El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha justificado esa decisión para no dar “una ventaja competitiva” a las quejosas frente a sus competidoras, como señaló en un auto la semana pasada. El juicio puede durar hasta año y medio en primera instancia, según los expertos consultados. Si se impugna ante un tribunal colegiado y luego ante la Suprema Corte los tiempos se alargan todavía más, entre dos y tres años.
Los varapalos eran previsibles, coinciden los juristas consultados. “Se podían anticipar. Las suspensiones son razonables porque las reformas son abiertamente contrarias a la Constitución”, señala el abogado César Hernández, subsecretario de Electricidad en el sexenio anterior. El académico Alfonso Herrera, profesor de la Universidad Iberoamericana, concuerda: “La posibilidad de éxito jurídico por la vía legal es muy cuesta arriba. Se ha querido seguir esa ruta porque no se iba a tener consenso político para modificar la Constitución, que era lo que en realidad correspondía”.
Contar con una suspensión que puede alargarse meses y hasta años ha dado una cierta tranquilidad a las compañías energéticas. Fuentes de dos importantes empresas del sector explican a este periódico que los amparos han ido “conforme a lo esperado” y que tienen confianza en que los jueces resuelvan en su favor. Con todo, señalan que “no se puede cantar victoria” y que, en cualquier caso, el ambiente sigue sin ser propicio para nuevas inversiones.
En paralelo a los amparos, organismos autónomos y partidos políticos han recurrido directamente a la Suprema Corte. La semana pasada, el máximo tribunal admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma eléctrica.
El calendario de este cauce legal es incierto por la acumulación de carpetas en la Suprema Corte. “Tiene casos de hace dos años todavía sin resolver. Este se va a ir a la cola y puede ser resuelto un año antes de la salida del poder de López Obrador o con su salida”, apunta Alfonso Herrera, quien trabajó en el máximo tribunal. No obstante, el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, decide cuándo se somete a votación el proyecto de sentencia y, en consecuencia, puede detener una decisión o acelerarla, afirma Herrera
La parálisis legal ha producido una evidente frustración en el Gobierno, que ha acatado los fallos judiciales pero ha prometido seguir litigando. “Las reformas estructurales se hicieron para favorecer a grupos de interés creados. Ahora llueven los amparos porque quieren mantener los mismos privilegios. Nosotros vamos a seguir defendiendo que esto se termine”, ha declarado el presidente este martes, además de vaticinar que el proceso “se va a concluir en la [Suprema] Corte”.
A corto plazo, el Gobierno puede anhelar a algunas “victorias parciales”, según César Hernández. Un tribunal colegiado, afirma el abogado, puede corregir el carácter general de las suspensiones otorgadas en primera instancia y limitarlas a las empresas denunciantes. En ese sentido, el Ejecutivo ha presentado un recurso contra la decisión sobre la reforma eléctrica que todavía está pendiente de resolverse. Aun si se elimina el carácter general, César Hernández matiza su impacto: “Como son más de 100 amparos, las empresas se van a dar por bien servidas incluso si las suspensiones tienen efectos particulares”, señala.
En la Suprema Corte, en donde López Obrador ha puesto las esperanzas, los números favorecen al Gobierno. Invalidar una reforma legal a través de una acción o controversia constitucional requiere de una mayoría cualificada de ocho de los 11 ministros. Es un requisito alto, sobre todo si se considera que tres de sus miembros han sido nombrados en la actual Administración y un cuarto, Arturo Zaldívar, ha sido alabado por López Obrador como una persona en quien tiene “confianza”.
Sin embargo, aunque el pleno rechace invalidar la norma, los juicios de amparo seguirán su curso y las suspensiones pueden seguir en pie. Además, en caso de que no se alcance una mayoría cualificada pero sí una simple, el criterio de esos jueces en contra de la constitucionalidad de las reformas puede influir en las decisiones de las instancias inferiores.
Si el proceso se eterniza, la opción “nuclear” que López Obrador ha afirmado barajar es una reforma constitucional. De llevarse a cabo, los amparos y las acciones y controversias ante la Suprema Corte se sobreseerían, al no contar ya con sustento legal. Se trata, sin embargo, de un camino complicado. El presidente necesitaría de una mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras. La composición de la Cámara de Diputados está en juego en las elecciones del 6 de junio, pero no la del Senado, donde Morena y sus aliados están lejos de los dos tercios.
Las empresas contarían, en caso de aprobarse una modificación constitucional, con una última carta: los mecanismos de arbitraje contemplados por acuerdos comerciales como el T-MEC con Estados Unidos y Canadá. “Las empresas se han acercado para asesorarse”, dice el abogado especializado en arbitrajes Rodrigo Barradas.
“Si hay una reforma constitucional y se les cierran mecanismos internos de defensa, veo muy probable que se inicien los procedimientos”. Pero acudir a un panel, además de ser un proceso largo que puede tardar hasta tres años, no suspendería la norma y solo se podría solicitar una indemnización.
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