Una de las reformas constitucionales más polémicas y troncales de la Cuarta Transformación que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador va tomando forma. La medida, que formaba parte de las propuestas electorales de campaña antes de llegar al poder en 2018, se ha convertido en el punto central de la agenda política del mandatario en los últimos días acompañada de descalificaciones y ataques directos contra los integrantes del Consejo del máximo árbitro electoral, el INE, y los magistrados del Tribunal Electoral.
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El texto que se hizo público la noche del miércoles, firmado por el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, proponía algunos puntos clave como la destitución de los integrantes del Consejo Electoral y los jueces del Tribunal Electoral y el nombramiento de nuevos funcionarios en un número más reducido, una medida que ya había anunciado públicamente López Obrador tras el fracaso en la convocatoria de la última consulta popular relacionada con el juicio de los expresidentes.
Esta semana ha vuelto a arremeter contra los afectados: “No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, señaló López Obrador durante la conferencia mañanera del lunes. El mandatario ha rechazado, no obstante, el borrador y ha anunciado que la propuesta de reforma la enviará él mismo al Congreso, después de consultar con un comité de expertos y de difundirlo previamente a la ciudadanía.
Otra de las medidas polémicas que han escalado al debate nacional este jueves ha sido la posible eliminación de los órganos electorales estatales y la centralización de todas sus funciones en la institución nacional. También, la reducción del número de diputados de representación proporcional en la Cámara (de 500 a 400) y de senadores (de 128 a 96).
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El objetivo principal de la reforma, que requerirá de una mayoría de dos tercios en el Congreso, responde a una cruzada histórica del mandatario contra el órgano electoral, a quien ha acusado de cometer fraude en diferentes comicios presidenciales, dos de ellos que afectaron a su derrota en las urnas. “Que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder desde luego lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012”, apuntó este jueves en una conferencia de prensa.
Algunos expertos en materia electoral y derecho constitucional consultados por este diario coinciden en algunos puntos de la reforma que pueden ser positivos. Tal es el caso del reconocimiento del derecho al voto a las personas en prisión procesadas que aún no han recibido una sentencia, también que se permita el acceso a un cargo público a quienes tienen doble nacionalidad o que se impulse el sistema de voto electrónico.
El exmagistrado de la Suprema Corte, Diego Valadés, observa como sensata la medida de la centralización de los órganos electorales: “El nivel de gasto que representan esos organismos es excesivo. Me parece razonable que se plantee. Habrá que racionalizar el gasto en materia electoral, tanto para partidos políticos como para una burocracia muy, muy amplia. No necesariamente hay buen servicio en todos los Estados”, señala Valadés.
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En el caso de la desintegración de los miembros del Consejo y el Tribunal, los analistas observan un riesgo en la autonomía de la institución. La experta en materia electoral y exdirectora jurídica del INE, Rosa María Cano, apunta: “Uno de los principios básicos de los órganos es la independencia y eso pasa por la seguridad en el cargo, que puedas resolver sin pensar que puedes ser removido por una decisión que hayas tomado”.
“Ya se hizo en la reforma de 2007, que también se desintegró al Consejo del INE y nada bueno dejó. Porque lo único que creó fue el descrédito de la función electoral, la percepción en la ciudadanía de que el IFE [anterior INE] no hizo bien su tarea, porque cuando corres a alguien es porque algo no hizo bien, y el mensaje que se envía es muy peligroso”, añade Cano.
Por su parte, Valadés apunta que no considera que la medida en sí misma afecte directamente a la autonomía de los nuevos consejeros y jueces, “porque cuatro de ellos fueron designados por la actual Cámara de Diputados y todos han votado de manera independiente y libre”. Sin embargo, el experto señala que nunca antes había vivido Columna Digital una situación “de tensión política pública entre el presidente y los integrantes del INE”.
Según Valadés, lo que afecta a la autonomía de la institución es la “subordinación del poder constituyente a las directrices emitidas de manera pública y directa por parte del presidente de la República”. “Si es el poder constituyente el que se subordina a las aspiraciones presidenciales, no solo está en cuestión la independencia del INE, sino en general el sistema de representación mexicano”, sentencia Valadés.
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Uno de los miembros independientes del último Comité Técnico para elegir a los candidatos a consejeros del INE del año pasado, José Roldán Xopa, advierte de los riesgos de que los integrantes de ambos órganos se discutan únicamente en el ámbito político: “Lo que propone Monreal es que ahora todo se lleve a cabo en sede política y a través de procedimientos políticos.
Esto hace más probable es que sea una decisión de cuotas y de cuates. Habrá mayor desconfianza en la configuración del INE y su independencia se verá afectada”. Y añade: “La tendencia que hemos visto en el Gobierno es controlar todo y eliminar instancias incómodas. Y parece que la iniciativa va en ese sentido: nombrar consejeros más afines, más confiables, de manera que eliminan órganos con fines partidistas”.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió a las declaraciones del presidente en un foro este martes: “No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. No es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a quien no piensa igual que uno o incluso a las autoridades electorales que son producto de un arreglo democrático, que se ha pactado y concretado a lo largo de distintas reformas electorales”.
Menos representación en el Congreso
Sobre la reducción de los diputados y senadores de representación proporcional, Valadés señala que le parece “inadmisible” y un “retroceso democrático”. “Cuando la población mexicana ha crecido significativamente y nos hemos convertido en un país más plural, se está planteando reducir a la mitad a los diputados plurinominales. Y los únicos argumentos son de carácter económico. Pensar que los problemas económicos de México se puedan resolver por 100 diputados y 32 senadores menos me parece absolutamente injustificado. Si se consideran caros, que se bajen las dietas. Pero que no se sacrifique a la ciudadanía en cuanto a su representación”, añade el exmagistrado.
Cano advierte también sobre ese punto de un riesgo en los equilibrios de poder, especialmente en el Senado. “Es algo que se debe reflexionar con mucho cuidado, porque la representación proporcional tiene una finalidad, incluir minorías y establecer equilibrios. Si reduces el número, reduces la capacidad de representación de las voces minoritarias. Sobre todo en el Senado, porque antes de incluir esa representación solo había senadores de mayoría y eso ocasionaba que el partido en el poder, el que se llevaba la presidencia, se llevaba el Senado, sin ningún contrapeso”.
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