En una significativa visita a Cancún, Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo un relevante encuentro con delegados y líderes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Durante esta reunión, Ibarra reafirmó su firme compromiso hacia una justicia que integre un enfoque social, orientada al servicio de los trabajadores mexicanos.
Desde el Auditorio Isaías González Cuevas, la candidata lanzó un mensaje penetrante sobre el controversial caso de Genaro García Luna, el cual ha estado rodeado de acusaciones de corrupción y abuso de poder. Ibarra propuso el mantenimiento del congelamiento de las cuentas del exfuncionario, señalando que sería un escándalo que la Corte fuera un refugio para aquellos en posiciones de poder. “La ley no debe ser refugio de los poderosos”, destacó, subrayando que la Corte no puede permanecer indiferente ante la corrupción.
Explicó que su postura en este asunto no solo fue valiente, sino también técnica, representando una respuesta ante lo que muchos consideran una de las manifestaciones más evidentes de impunidad en México. Su interpretación del derecho se posicionó como un recurso para combatir redes de corrupción y crimen organizado. “La lucha contra la impunidad no puede quedar atrapada en tecnicismos”, afirmó, al tiempo que resaltó la importancia de que el Estado mexicano actúe con eficacia y dignidad. Gracias a su enfoque, Ibarra expresó que el país podría recuperar 48 mil millones de pesos derivados de estos actos corruptos.
Durante su diálogo con los delegados de la CROC, Ibarra no escatimó en señalar el abandono que ha sufrido la clase trabajadora por parte del Poder Judicial. “La actual administración de la Corte le falló a la clase trabajadora”, afirmó, añadiendo que se ha olvidado que la justicia laboral debe ser cercana, empática y efectiva.
Recordó que, aunque la reforma laboral sentó las bases para un sistema de justicia más accesible, esta ha enfrentado obstáculos por parte de jueces que continúan operando bajo paradigmas elitistas. Ibarra invitó a la reflexión sobre la oportunidad histórica que se presenta para modificar esta situación. “Este primero de junio, podemos elegir un Poder Judicial que defienda los derechos del pueblo trabajador, que juzgue con equidad y que no se esconda detrás del formalismo”, concluyó.
Ana María Ibarra reafirmó su compromiso de avanzar hacia una Corte que escuche y comprenda las luchas obreras, contribuyendo a consolidar una nueva era de derechos sociales. “Separar a la justicia del poder del dinero es posible… y desde la Corte, voy a demostrarlo”, sentenció, evidenciando su dedicación a representar los intereses de los más necesitados en un contexto judicial que, según ella, ha estado al servicio de otros intereses.
Este mensaje resuena en un momento clave para la transformación del sistema judicial en México, donde el clamor por una justicia más equitativa se hace cada vez más fuerte. Las elecciones, programadas para el primero de junio, se presentan como un punto de inflexión para decidir el futuro de un sistema que necesita urgentemente alinearse con la realidad social del país.
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