En España, el Ministerio de Igualdad se enfrenta a un creciente desafío ante los problemas técnicos relacionados con las pulseras antimaltrato, fundamentales para la protección de las víctimas de violencia de género. Recientemente, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha solicitado una investigación para esclarecer los fallos en estos dispositivos, que deberían mantener a los agresores a distancia de sus víctimas.
Desde un cambio en la empresa adjudicataria en 2024, las críticas han aumentado. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que la tecnología utilizada ha fallado, lo que ha generado problemas significativos en el sistema Cometa. En particular, un error durante la migración de datos dejó a muchos casos sin respaldo, resultando en absoluciones de agresores por falta de pruebas en la violación de órdenes de alejamiento.
La insatisfacción ha llegado a tal punto que el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), ha exigido la dimisión de Ana Redondo, sugiriendo que esta situación es comparable a la polémica surgida por la ley conocida como “solo sí es sí”, que ha tenido sus propias controversias en la justicia penal.
Y no son solo los políticos quienes critican la situación; diversas víctimas han denunciado que las pulseras de control se desactivan fácilmente. Un caso reciente en Granada ilustra esta preocupación: una mujer relató cómo su agresor fue capaz de manipular su pulsera, violando así la orden de alejamiento y poniendo en riesgo su seguridad. Ella tuvo que recurrir a la Guardia Civil para reportar la situación y busca justicia mientras la Fiscalía pide una severa condena para su agresor.
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertado al Ministerio de Igualdad en más de una ocasión sobre las fallas en estas pulseras, con advertencias sobre problemas como la manipulación del dispositivo, fallos geolocalización, pérdida de señal y batería. Estos inconvenientes han tenido un impacto directo en los procedimientos judiciales, causando sobreseimientos y, en ciertos casos, absoluciones.
Aunque según fuentes oficiales de la Fiscalía y del Ministerio de Igualdad, estos problemas fueron solucionados a finales de 2024 y solo afectaron a un número limitado de casos, la falta de confianza en la seguridad de las pulseras sigue siendo un tema candente. Las exigencias por investigar a fondo lo sucedido continúan, particularmente por parte de partidos en la oposición y aliados del Gobierno.
Las pulseras antimaltrato se han utilizado en España desde 2009, y hasta ahora, no se ha reportado ningún caso de asesinato de una víctima bajo protección mediante este sistema. Sin embargo, los constantes fallos y las controversias actuales han puesto en cuestión su eficacia y han dejado una sombra sobre el compromiso del gobierno para proteger a las víctimas de violencia machista.
Esta situación representa no solo un problema técnico, sino un reto vital en la lucha contra la violencia de género en España, donde la protección y la confianza en las herramientas brindadas por el Estado son esenciales. La historia sigue desarrollándose, y el futuro de muchas víctimas depende de la resolución de estos graves problemas.
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