Anticipan 50 modificaciones a leyes hídricas

La Cámara de Diputados ha avanzado significativamente en el dictamen relacionado con la iniciativa presidencial para la creación de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales. Este proyecto, que incorpora alrededor de 50 modificaciones sustanciales al texto original presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se discutirá en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento el miércoles, para luego ser analizado en el pleno de San Lázaro el jueves.

Las modificaciones han sido impulsadas principal y explícitamente por las inquietudes expresadas por organizaciones campesinas, enfocándose en aspectos críticos para el sector agrícola. Entre los cambios significativos, se encuentra la inclusión del término “Uso Agropecuario Familiar” en el artículo 3 de la Ley General de Aguas, que describe un sistema de producción agraria y ganadera destinado al sustento de familias.

Además, el artículo 49 ha sido completamente reformado para garantizar que, al transferir terrenos asociados a un título de concesión de agua, el nuevo propietario mantenga los derechos sobre la explotación y uso del agua. Esto significa que, en caso de transferencias, los derechos al agua permanecen inalterados, proporcionando así una mayor seguridad jurídica al sector agrícola.

La propuesta original generó una fuerte resistencia debido a la posibilidad de reasignar volúmenes de agua para uso agrícola, lo que causó gran preocupación entre los agricultores. Para abordar esta problemática, se ha extendido también el plazo para solicitar prórrogas, duplicando el tiempo de uno a dos años y ofreciendo un período adicional de seis meses antes del vencimiento.

Un cambio relevante incluye la transformación del Registro Público de Derechos de Agua al Registro Nacional del Agua (REPNA), que se encargará de asegurar la información y la seguridad jurídica de los usuarios respecto a las concesiones y permisos asociados. Además, se ha establecido que los derechos amparados en concesiones no serán objeto de transmisión, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá reasignar volúmenes mediante fondos específicos.

Se ha promovido, por otro lado, la captación de agua pluvial para usos personales y agropecuarios familiares. Conagua fomentará la implementación de estos sistemas, al tiempo que se prohíbe totalmente otorgar concesiones sobre cauces o zonas federales para la disposición de residuos mineros.

Ese panorama se complementa con un cambio en las sanciones por desvío u obstrucción del agua, que han sido reducidas de una pena máxima de 10 años a 5, y las multas de 4,000 UMAs a 2,000.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con los cambios. Los partidos PRI y PAN han criticado la nueva propuesta, considerando que se trata de “parches” que no resuelven las ambigüedades ni las injusticias en el texto, asegurando que el marco legal permanece confuso y está propenso a la persecución política.

Los debates en torno a estas reformas continúan, y es evidente que la discusión sobre la gestión del agua en México sigue siendo un tema crítico, donde las voces del sector agrícola y del gobierno chocan, buscando un camino que garantice tanto la protección de los derechos de los usuarios como la sustentabilidad de este vital recurso.

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