En noviembre del año pasado, la inversión fija bruta en el país sufrió una notable caída anual del 5.7%. Esta disminución se evidenció principalmente en dos áreas clave: la inversión en maquinaria y equipo, que bajó un 11.6%, y la construcción no residencial, que experimentó una reducción del 7%. Este declive ha marcado ya 15 meses consecutivos en los que la inversión registra tasas anuales negativas, un fenómeno que comenzó en septiembre de 2024, coincidiendo con el inicio de un nuevo Congreso de la Unión, donde la presencia mayoritaria de Morena ha configurado un panorama complejo.
Desde entonces, se ha desatado un frenesí de reformas constitucionales y legales que han eliminado los contrapesos al ejercicio del poder. Estos cambios han incluido la desaparición de órganos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece, así como una reformulación del Poder Judicial que ha dejado en entredicho la división de poderes. La reforma a la Ley de Amparo, que desprotege a ciudadanos frente a actos gubernamentales, es también digna de mención, al igual que otras reformas que han discriminado al sector privado, como las relacionadas con el sector energético y el uso de vías ferroviarias.
Resulta evidente que la falta de inversión en planta, maquinaria, equipo e infraestructura, además de en capital humano, es un obstáculo claro para el crecimiento económico sostenido. A pesar de que la presidenta Sheinbaum parece ser consciente de esto, en lugar de revertir algunas de las reformas más problemáticas, parece decidida a profundizarlas, reforzando así las señales negativas hacia los inversionistas.
Ante el contexto de caída en la inversión, la presidenta anunció recientemente un programa de inversión en infraestructura por 5.6 billones de pesos a ejecutarse entre 2026 y 2030. Este plan contempla que el 54.1% de los recursos se dirijan a proyectos de infraestructura energética, un 36.9% a conectividad (carreteras, ferrocarriles y puertos), un 6.2% al sector salud, un 2.8% al sector hídrico y un 0.3% a la educación. Para este año, se prevé una inversión adicional de 722,000 millones de pesos, equivalente al 2.2% del PIB.
El gobierno ha señalado que estos proyectos serán mixtos, con una participación minoritaria del sector privado. Además, se ha propuesto emitir instrumentos estructurados que podrían ser bursatilizados, lo que abre la puerta a financiamiento por parte de bancos comerciales y Afores. Se anunció que una nueva normativa buscará facilitar la participación privada, garantizando “certeza jurídica” a los inversionistas. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la viabilidad de estas iniciativas.
En primer lugar, surge la cuestión de la rentabilidad social. Muchas obras del pasado reciente, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, han demostrado tasas negativas de rentabilidad social, lo que implica un uso ineficiente de recursos. Para evitar que los nuevos proyectos sigan este mismo camino, sería indispensable realizar evaluaciones sociales previas que utilicen precios sombra y consideren el costo de oportunidad de los fondos públicos.
En segundo lugar, las finanzas públicas presentan un panorama complicado. Con un déficit del 4.8% del PIB el año pasado, el gobierno enfrenta restricciones que limitan su capacidad de aumentar el gasto en inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica. En este sentido, se cuestiona la decisión de limitar la participación privada a una fracción menor.
Finalmente, la certeza jurídica es un tema crítico. La violación de cláusulas contractuales por parte del gobierno y la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo crean un entorno de incertidumbre para los inversionistas privados. Esto plantea la pregunta sobre si habrá suficientes incentivos para que el sector privado participe en un contexto tan desbalanceado.
El futuro de la inversión sigue siendo incierto, y la dirección que tome el gobierno en las próximas semanas será crucial para determinar si se podrán revertir las tendencias negativas actuales y fomentar un crecimiento económico sustentable.
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