Cancún, QRoo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha denegado al Ejército Mexicano la autorización de impacto ambiental para la construcción de instalaciones de una Policía Militar en el municipio de Othón P. Blanco. Esta negativa surge tras el inicio de un desmonte no autorizado de más de 45,000 metros cuadrados de selva.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, las fuerzas armadas recibieron “permisos provisionales” para avanzar en diversas obras sin necesidad de respetar estrictamente la normativa ambiental. Sin embargo, en este caso, Semarnat enfatiza que el Ejército ha infringido múltiples artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) así como del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), al reanudar obras sin realizar los estudios correspondientes.
El proceder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al desmonte sin la debida autorización ha llevado a perder el carácter preventivo que debe tener el trámite de impacto ambiental. Esto se debe al cambio ilegal de uso de suelo en áreas forestales, junto con un notable avance en la construcción de las obras para el proyecto. La Semarnat ha remitido el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tomar las medidas adecuadas debido a la infracción.
Las instalaciones que el Ejército había comenzado a construir sin autorización comprenden espacios funcionales, áreas de descanso y sistemas de manejo de recursos para el Cuerpo de Policía Militar y las Compañías de la Guardia Nacional, entre otros.
Este episodio no es aislado. Anteriormente, el Ejército también inició obras sin autorización en el caso del Tren Maya, la construcción de seis hoteles y proyectos de infraestructura en Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Recientemente, se había comenzado el trámite para regularizar la operación de bancos de material pétreo en Quintana Roo, aunque estas actividades ya estaban en marcha sin los permisos necesarios.
La lógica detrás de la autorización de impacto ambiental es predecir y mitigar cualquier consecuencia negativa que un proyecto pueda causar al entorno. Los llamados “permisos provisionales”, en este contexto, vulneran el espíritu de la normativa al permitir que proyectos comiencen sin un análisis previo del impacto ambiental.
Este problema plantea cuestionamientos serios sobre la gestión ambiental en el país y las prácticas de las instituciones encargadas de velar por la protección de los recursos naturales. La decisión de la Semarnat es un llamado a la reflexión sobre la importancia del cumplimiento de las normativas ambientales en proyectos de infraestructura tan sensibles como los que involucran áreas protegidas y ecosistemas frágiles.
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