Municiones de alto poder, originalmente diseñadas para el Ejército de Estados Unidos, han encontrado un camino inquietante hacia los cárteles del narcotráfico en México. Un análisis reciente revela que la Planta de Municiones del Ejército de Lake City, situada en Independence, Missouri, juega un papel crucial en esta preocupante cadena de suministro de cartuchos de calibre .50, que ahora inundan tanto el mercado civil como el criminal.
Desde 2012, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha incautado más de 40,000 cartuchos de este calibre en diversos estados fronterizos, con cerca de un tercio de ellos originándose en la mencionada planta. El 30 de noviembre de 2019 se registró un caso particularmente emblemático: en Villa Unión, Coahuila, un escuadrón armado irrumpió en la localidad, causando la muerte de cuatro policías y 19 supuestos miembros del cártel, mientras utilizaban rifles y ametralladoras calibre .50. La investigación posterior reveló que al menos 45 casquillos encontrados en la escena portaban la insignia “L.C.”, correspondiente a Lake City.
La investigación, respaldada por documentos judiciales y registros de incautaciones, destaca cómo la colaboración entre el Ejército estadounidense y contratistas privados ha facilitado que municiones de alta potencia lleguen al mercado civil en EE. UU., para luego ser traficadas hacia México. Aunque el gobierno mexicano también se ha abastecido de municiones de Lake City, no se han especificado en los documentos los calibres adquiridos. De particular preocupación son las balas incendiarias perforantes, las cuales han sido utilizadas en ataques contra fuerzas policiales en México en 2024, y que todavía pueden adquirirse de manera accesible en línea.
A pesar de que en 2000 el Congreso de Estados Unidos prohibió la venta pública de munición perforante de calibre .50, vacíos legales han permitido que versiones estándar de estas municiones y sus componentes sigan circulando en el mercado comercial. En cuanto a la rendición de cuentas, el Ejército de EE. UU. no ha proporcionado respuestas detalladas sobre el uso de estas municiones por parte del crimen organizado. Sin embargo, han argumentado que la venta comercial de la producción de Lake City ha generado ahorros significativos para los contribuyentes, estimados en alrededor de 50 millones de dólares anuales, al reducir costos para el gobierno.
El Ejército sostiene que los contratistas deben cumplir con todas las regulaciones federales y estatales. Aunque la planta no vende directamente al público, sí lo hace a distribuidores y minoristas, quienes están sujetos a la ley. Northrop Grumman, uno de los principales operadores, afirmó haber cumplido con sus obligaciones durante su gestión, mientras que otras entidades declinaron realizar comentarios.
Este fenómeno plantea serias cuestiones sobre la regulación y el control de la producción y distribución de municiones en EE. UU., así como su impacto en la violencia y el crimen organizado en México.
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