Una nueva crisis política y de seguridad sacudió este jueves al estado de Tamaulipas, luego de que el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, fuera detenido al intentar ingresar a Estados Unidos a través del cruce fronterizo de Brownsville, Texas. De acuerdo con fuentes consultadas, el edil morenista fue interceptado alrededor de las siete de la tarde por agentes de seguridad estadounidenses y llevado a una sala privada donde fue interrogado durante varias horas por representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Granados fue liberado durante la madrugada y devuelto a territorio mexicano sin su visa, la cual fue cancelada durante el procedimiento.
El hecho generó una fuerte preocupación en el entorno del gobernador Américo Villarreal, quien siguió el desarrollo de los acontecimientos con extrema atención. Fuentes estatales confirmaron que durante el interrogatorio los agentes estadounidenses preguntaron sobre el financiamiento de la campaña electoral del año 2022, así como sobre la participación del hijo del gobernador, conocido como “Ameriquín”, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quienes han sido señalados como figuras clave en la operación política de Villarreal en el estado. La detención del alcalde reavivó tensiones internas dentro del gobierno estatal, donde se percibe un creciente clima de desconfianza ante los posibles avances de investigaciones internacionales.
Aunque inicialmente se informó que Granados aparecería públicamente en un acto programado para el mediodía del viernes con el objetivo de enviar un mensaje de calma, dicho evento fue pospuesto sin previo aviso. Este movimiento solo aumentó las especulaciones sobre su situación jurídica y las implicaciones que su breve detención podría tener para otros actores políticos de la región. En particular, llamó la atención que durante el interrogatorio surgiera el nombre de Édgar Alejandro “N”, alias “El Fresa”, detenido en enero con ocho kilos de cocaína y señalado como operador financiero tanto del propio alcalde como del gobernador. Imágenes del detenido junto a Granados circularon en su momento, lo que refuerza las sospechas sobre una posible red de vínculos entre autoridades locales y estructuras del crimen organizado.
La presión por parte de las agencias estadounidenses parece estar en aumento. En un contexto de alta sensibilidad diplomática, Washington ha comenzado a endurecer su postura frente a lo que considera una protección política a ciertos grupos criminales en México. Además de la atención puesta sobre Tamaulipas, también han sido objeto de seguimiento el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien actualmente se desempeña como cónsul en Miami y estaría considerando abandonar el cargo ante el riesgo de una posible acción legal en su contra. Estas investigaciones se enmarcan en un mayor interés de Estados Unidos por desmantelar las redes políticas y económicas que, desde su perspectiva, han permitido el fortalecimiento del crimen organizado en algunas regiones del país.
Fuentes cercanas al gobierno estadounidense han señalado que si bien se reconocen los esfuerzos de México en el combate a los cárteles, la cooperación bilateral exige que se actúe también contra los nexos políticos que han facilitado su operación. Las recientes detenciones y señalamientos apuntan a una estrategia más agresiva por parte de las autoridades norteamericanas, lo que podría intensificar la presión sobre gobiernos locales y líderes políticos vinculados a la Cuarta Transformación.
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