En las últimas 36 horas, México ha enfrentado una escalada alarmante de violencia política, tras el asesinato de al menos cinco figuras políticas en diversas regiones del país. Este preocupante incremento en la criminalidad resalta un fenómeno disruptivo que socava el tejido democrático del país.
En Zapopan, Jalisco, el exdiputado priista Luis Armando Córdova Díaz perdió la vida de manera trágica dentro de una plaza comercial. Córdova, quien ocupaba el cargo de secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del PRI en Jalisco, fue atacado por individuos que escaparon en motocicleta. Las autoridades locales confirmaron que las cámaras de vigilancia documentaron la presencia de al menos dos agresores en la escena del crimen. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, describió este asesinato como un reflejo sombrío de la violencia e impunidad que permea en el país.
Poco después, en Actopan, Veracruz, se reportó el asesinato de Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez Pérez, ambos políticos conocidos en su comunidad. Ellos fueron atacados cuando regresaban de un mitin de apoyo al candidato de Morena a la alcaldía, Eduardo Utrera Carreto. Este crimen se suma a una serie de ataques que han marcado el proceso electoral en la entidad.
Otra víctima, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, fue ejecutada a tiros tras un mitin. El ataque no solo dejó su muerte en el aire, sino también la de cuatro personas más, agudizando la sensación de inseguridad e inestabilidad en la política local. Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó la muerte de Gerardo Leobardo Santos López, exalcalde y candidato en Oaxaca, un crimen catalogado como un ataque directo a la democracia.
La escalofriante realidad es que la violencia política no solo pone en peligro a candidatos y funcionarios, sino que también distorsiona gravemente los procesos democráticos. Como apunta Lisa Sánchez, directora ejecutiva de la organización México Unido Contra la Delincuencia, el crimen organizado ha comenzado a influir en la política al presentar sus propios candidatos y eliminando a aquellos que no les son convenientes. Esta dinámica crea un ambiente donde los votantes quedan a merced de candidatos seleccionados bajo la presión de la violencia.
Los efectos de esta crisis son palpables. La violencia inhibe la participación ciudadana, la instalación de casillas electorales y la supervisión de los procesos de votación. La desconfianza en las instituciones se acentúa, y los ciudadanos sienten que el crimen organizado decide el resultado electoral. De acuerdo con datos de Integralia, durante el primer trimestre del año, se registraron 50 homicidios de políticos, destacando Guerrero y Morelos como los estados más peligrosos.
Los especialistas hacen un llamado urgente a implementar medidas efectivas. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, destaca la necesidad de reformar los protocolos de seguridad para candidatos y fortalecer las instituciones locales para contener la intromisión del crimen organizado. Estas acciones son imprescindibles no solo para proteger a los actores políticos, sino para restablecer la confianza en el sistema democrático.
La situación actual, reflejo de una crisis que va más allá de lo electoral, exige atención inmediata y un comprometido esfuerzo por parte tanto de las autoridades como la sociedad civil para restaurar la paz y el orden en el país. Con datos hasta 2025-05-14, la violencia continúa representando un desafío monumental que pone en riesgo la democracia mexicana.
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