Las interrogantes sobre la posibilidad de que Rusia enfrente consecuencias por sus acciones en Ucrania son cada vez más prominentes. Se están diseñando planes para establecer un tribunal especial, aunque la situación política aún carece de decisiones concretas. Este tribunal, cuyo funcionamiento se mantiene en secreto, estará basado en el Consejo de Europa. Un aspecto vital a considerar es que Vladimir Putin no podrá ser juzgado mientras ejerza la presidencia debido a la inmunidad que ampara a los jefes de Estado. De hecho, se le ha apodado “Tribunal Putin”, dado que según el derecho internacional, el líder de un país es considerado responsable de las agresiones a otros Estados.
Este tribunal tiene el potencial de investigar a prominentes líderes rusos y a algunos funcionarios bielorrusos, según indican fuentes como Jörg Polakiewicz, abogado del Consejo de Europa. Sin embargo, a diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que posee la autoridad para levantar la inmunidad de altos funcionarios, el Consejo de Europa carece de tal capacidad.
“El Tribunal Especial no podrá juzgar a Putin en ausencia mientras sea presidente”, aseguró un representante de la Unión Europea en Bruselas. Lo mismo aplica para Mijail Mishustin, el primer ministro, y Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores. Esta situación ha sido calificada de “absurda” por Oleksandra Matwijtschuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, quien ha estado recopilando evidencias sobre los crímenes rusos desde 2014, el inicio de la agresión en el este de Ucrania.
Investigaciones en marcha
Las investigaciones ya están en curso contra aproximadamente dos docenas de funcionarios rusos indicados en un listado proporcionado por Ucrania. El enfoque del tribunal podría centrarse en altos cargos políticos y militares responsables en la planificación y ejecución de dicha agresión.
Matwijtschuk, aludiendo a los juicios de Núremberg contra líderes nazis, recuerda que la responsabilidad por los crímenes no recae únicamente en las cúpulas, sugiriendo que es crucial identificar a todos los involucrados en las decisiones en Rusia.
Gleb Bogush, del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad en Alemania, estima que al menos unas veinte personas podrían estar implicadas. “El tribunal debería aclarar eso”, enfatiza, subrayando la necesidad de esclarecer y enjuiciar a los responsables.
Controversias en torno al tribunal
Sin embargo, Bogush también critica que la creación del tribunal reconozca implícitamente la intangibilidad de Putin, interpretando esto como una afirmación de su inmunidad. Expresa su preocupación por que esto pueda invitar a ignorar las órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso.
A pesar de estas críticas, el Consejo de Europa se muestra optimista, señalando que el enfoque adoptado para el tribunal será suficiente para garantizar la rendición de cuentas y combatir la impunidad. Desde su perspectiva, la inmunidad personal no constituye una “licencia para la impunidad”. Sin embargo, las dudas persisten respecto al periodo que el tribunal considerará, ya que los crímenes de mayor trascendencia no comenzaron con la invasión de 2022, sino en 2014, cuando Rusia anexó Crimea y comenzó la guerra en el este de Ucrania.
A pesar de que Rusia fue excluida del Consejo de Europa a raíz de su agresión contra Ucrania, algunos expertos argumentan que su participación previa otorga al tribunal la legitimidad necesaria para actuar.
El papel de la política en el proceso
Los próximos pasos están en manos de los políticos, lo que abre un periodo de incertidumbre. Se ha indicado que Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, podría no brindar apoyo a la propuesta, sumado a la oposición de Hungría y la incertidumbre sobre las posturas de países como Azerbaiyán, Turquía y Serbia, que mantienen relaciones cercanas con Rusia.
La adopción final del plan requiere de una mayoría de dos tercios en el Consejo de Europa y, posteriormente, la ratificación por los parlamentos de los Estados miembros, un proceso que podría prolongarse. Algunos expertos advierten que esta medida podría ser vista como una escalada en el conflicto o un obstáculo a las negociaciones, lo que podría retrasar o incluso anular el proceso en su totalidad.
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