A medida que se acercan los días finales de las campañas para la elección judicial, el Observatorio Electoral Judicial ha emitido una seria alerta sobre la irregularidad de prácticas que parecen estar socavando la equidad del proceso electoral en México. En su reciente informe, se identificaron al menos 380 individuos, candidatos a posiciones como jueces, magistrados y ministros, que han recurrido a campañas publicitarias en medios digitales y tradicionales para impulsar sus candidaturas, a pesar de que estas acciones están prohibidas para este tipo de comicios.
La investigación revela una alarmante proliferación de encuestas pagadas y publicidad en redes sociales, especialmente aquellas dirigidas a promover a candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adicionalmente, el Observatorio ha detectado la presencia de encuestas ficticias, realizadas por 14 casas encuestadoras sospechosas, que parecen diseñadas para beneficiar ciertas candidaturas.
Un aspecto inquietante de este escenario es la utilización de perfiles falsos en redes sociales para promover mensajes que favorecen a algunos candidatos. La falta de control por parte de las autoridades electorales, como el INE, ha dejado espacio para este tipo de prácticas ilegales, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso. Como señala el informe, estas campañas desleales han permitido que algunas publicaciones alcancen audiencias de millones de personas con inversiones que ascienden a decenas de miles de pesos.
Luis Fernández, director de Práctica: Laboratorio para la Democracia, ha subrayado la inequidad que la infracción de estas normas genera, perjudicando a los candidatos que optan por medios tradicionales al no contar con recursos para competir en condiciones justas. Por su parte, Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, ha alertado sobre la posibilidad de que algunas candidaturas se enfrenten a la cancelación de su participación en el proceso electoral debido a estas prácticas anómalas.
El Observatorio Electoral también ha destacado que, a pesar de que la única manera legítima de llegar a un electorado masivo durante las campañas era mediante redes sociales, cada candidato debía registrar sus estrategias ante el INE. Pertinente a esto, el uso de la opción de pagar por potenciar publicaciones es estrictamente ilegal, y las organizaciones han hecho hincapié en que esta irregularidad debe ser abordada de inmediato debido a su impacto en las elecciones.
Con un contexto electoral que se torna cada vez más complejo, el Observatorio ha decidido denunciar estos hechos y hacer un llamado a la restauración de la legalidad en el proceso electoral. En un panorama donde la equidad es fundamental, las acciones colectivas para denunciar irregularidades se vuelven esenciales para preservar la integridad del sistema judicial.
La inquietante situación que se observa es un recordatorio de que la imparcialidad en la contienda electoral no solo depende de las normas, sino también de su fiel cumplimiento. La administración judicial de México se enfrenta a un reto urgente, no solo en términos de candidatura y elección, sino también como guardián de la democracia en el país.
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