La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en la reestructuración del marco fiscal de México al aprobar, el pasado miércoles, una reforma a la Ley Federal de Derechos. Esta iniciativa, enmarcada dentro del Paquete Económico para 2026, contempla la actualización de las cuotas por servicios del Estado, con la ambición de generar una recaudación superior a los 157 mil millones de pesos.
Con un resultado contundente de 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría oficialista en San Lázaro ratificó esta reforma sin modificaciones. Su aprobación ahora se encuentra en manos del Senado, donde se espera un riguroso análisis antes de su eventual implementación.
Entre las modificaciones más notables de la reforma, se incluyen ajustes de tarifas y la introducción de nuevos cobros en áreas críticas como migración, finanzas, sanidad, telecomunicaciones, aeronáutica y el acceso a bienes culturales, lo que incluye museos y zonas arqueológicas. Este movimiento no solo representa un cambio en la estructura fiscal, sino también un esfuerzo por diversificar las fuentes de ingresos del Estado.
De acuerdo con la nueva legislación, entrarán en vigor distintos impuestos que afectarán a diversos sectores. Estos son algunos de los 26 nuevos impuestos que se implementarán en 2026:
– Un 5% sobre los puros hechos a mano.
– Un 8% para videojuegos clasificados como violentos.
– Un 16% de impuestos en inspecciones a entidades financieras.
– Impuestos escalonados que alcanzan hasta un 109% en permisos por un año para residentes.
Además, los costos de entrada a varios sitios culturales se verán impactados. Por ejemplo, la entrada a Chichén Itzá será de 104 pesos, mientras que el acceso al Museo del Carmen costará 156 pesos. Autorizaciones para visitas en embarcaciones y certificaciones fitosanitarias también han sido significativamente ajustadas.
Adicionalmente, la reforma introduce un gravamen de 3 pesos por litro en bebidas azucaradas, sueros orales y bebidas con edulcorantes no calóricos, marcando un enfoque hacia la salud pública y la posible reducción del consumo de productos considerados dañinos.
Este conjunto de cambios provocará un nuevo panorama fiscal en el país, que busca no solo aumentar los ingresos, sino también regular áreas que afectan el bienestar de la población y la economía en su conjunto. A medida que avance el proceso legislativo, el impacto de estas medidas será crucial para observar cómo se traducen en la cotidianidad de los ciudadanos y en la operatividad de las instituciones.
Se espera que el Senado tome una decisión en breve, una vez que complete su análisis de la reforma, lo que podría marcar un hito en la política fiscal mexicana.
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