La afirmación de que México necesita exactamente tres operadores móviles es una simplificación que no refleja la complejidad del mercado de telecomunicaciones. Se parte de un supuesto erróneo donde todos los operadores compiten por el mismo segmento de clientes y ofrecen valores idénticos. En realidad, el panorama mexicano es diverso: algunos operadores se centran en usuarios de bajo poder adquisitivo o en zonas rurales, mientras que otros dirigen sus esfuerzos hacia clientes corporativos de alto consumo. Limitar el número de competidores, basándose en modelos de otros países, ignora estas particularidades y puede restringir la inclusión digital.
La diferencia de consumo entre marcas como AT&T y Movistar es marcada, reflejando el ingreso promedio para servicios móviles. El enfoque de marketing de Telcel dista mucho del de un operador móvil virtual como Oxxo Cel. Factores como financiación, estructura tecnológica, acceso al espectro radioeléctrico y puntos de venta son cruciales en la competencia entre proveedores en una misma localidad.
Un caso paradigmático es el de Estados Unidos. A pesar de contar con tres grandes operadores con red propia, la existencia de numerosas empresas regionales que prestan servicios en zonas rurales demuestra que un enfoque plural es esencial para atender las diversas necesidades del mercado. En México, el desarrollo de un entorno flexible que permita la coexistencia de múltiples operadores con diferentes enfoques es fundamental en lugar de imponer límites arbitrarios.
La llegada de nuevas empresas dispuestas a construir operadores de servicios móviles desde cero es un reto mayúsculo. Cualquier cambio en el mercado se anticipa mediante fusiones y adquisiciones. Además, la evolución tecnológica de las redes, como la llegada del 5G y la futura 6G, impulsará la necesidad de compartir infraestructuras y fomentar la colaboración entre los participantes del sector.
Mientras tanto, en el contexto de la conectividad latinoamericana, el avance del 5G representa una aspiración. Países como Brasil, Chile y Uruguay han mostrado rápida adopción de esta tecnología, alcanzando penetraciones del 20% al 28% a finales de 2024. Este éxito se debe, en parte, al mayor poder adquisitivo de sus ciudadanos y a políticas públicas que facilitan la expansión de redes de nueva generación.
México, por su parte, enfrenta limitaciones estructurales que dificultan un avance similar, siendo el alto costo de los dispositivos compatibles con 5G una de las principales barreras. La no asignación de espectro para impulsar esta tecnología ha resultado en que solo uno de los tres operadores con infraestructura propia esté expandiendo continuamente su red. Además, los operadores más pequeños, que tradicionalmente se han enfocado en segmentos de menor ingreso, avanzan lentamente en la expansión de sus servicios.
El proyecto de ley para el sector de telecomunicaciones ha detenido muchas discusiones, generando incertidumbre sobre el impulso a un despliegue más rápido de redes 5G en el país. Aun así, la inclusión digital en México está íntimamente relacionada con el acceso asequible a dispositivos y a una infraestructura que cubra tanto áreas urbanas como rurales. Aunque el precio de los equipos sea una barrera, no es la única: se necesitan estrategias integrales que garanticen servicios de calidad, educación digital y creación de contenidos relevantes para las comunidades.
La transformación digital se erige como un instrumento clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Desde la política pública, puede reducir burocracias, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia del gasto público. La digitalización impacta tanto en la estructura económica como en la social, facilitando la inclusión, la innovación y la sostenibilidad.
Entender la transformación digital como un proceso para mejorar entidades mediante la incorporación de tecnologías es crucial. Esto no solo implica el uso de computadoras, sino la efectiva ejecución de actividades en el ciberespacio, transformando la manera en que operan instituciones, empresas y ciudadanos. En el sector privado, permite automatizar procesos y ofrecer servicios más ágiles, mientras que en el ámbito público habilita territorios inteligentes y plataformas educativas en línea.
La relación entre transformación digital y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es directa. Contribuye a erradicar la pobreza, mejorar la educación, promover la igualdad de género y propiciar un crecimiento económico sostenible. La UIT reconoce la digitalización como un medio para mejorar la calidad de vida y alcanzar los ODS, tratando de integrar un enfoque que reconozca al Internet como un derecho humano.
Fortalecer el vínculo entre transformación digital y desarrollo sostenible en México exige políticas públicas que integren ambos conceptos. Cada región presenta características únicas, y elegir la tecnología adecuada debe basarse en estudios técnicos y sociales que ofrezcan soluciones costo-eficientes. La capacitación digital de la población y la creación de modelos de financiamiento accesibles son igualmente importantes.
Finalmente, la cobertura de red sin inclusión financiera y educación digital tiene un impacto limitado. Cualquier estrategia de transformación digital debe complementarse con un enfoque social que garantice que nadie quede atrás. México enfrenta el desafío y la oportunidad de establecer un modelo de desarrollo digital que no solo aumente la conectividad, sino que también transforme el acceso a derechos, participación económica y progreso.
En resumen, la transformación digital no debe ser vista como una meta aislada, sino como un motor de desarrollo humano y un catalizador de los ODS. Para lograrlo, es crucial una colaboración entre el Estado, sector privado, academia y sociedad civil, todos con la visión de construir un México más justo, conectado y resiliente. La conectividad, acompañada de educación y oportunidades, puede ser verdaderamente la llave hacia un futuro sostenible e inclusivo.
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