El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta un nuevo revés en su lucha legal. En una decisión reciente, la jueza federal Jovita Vargas, del Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, ha negado la suspensión definitiva que había solicitado en contra de la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.
Aureoles había logrado, de forma provisional, protegerse de cualquier orden de arresto a través del expediente 801/2025, lo que le permitía evitar ser detenido, sin importar el delito que se le imputara. Esta medida, sin embargo, estaba supeditada a dos condiciones: presentar una garantía de 100 mil pesos y comparecer ante la autoridad que ordenó su arresto.
Desde febrero de este año, se ha informado que Aureoles ha presentado tres amparos en relación con órdenes de arresto, y la reciente decisión de la jueza concluye su último recurso. La jueza aclaró que el amparo otorgado la semana pasada no tenía relación con la orden de captura por la que se busca detenerlo.
Hasta el momento, solo una juez ha confirmado la existencia de dicha orden de aprehensión en su contra. La jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ha emitido esta orden debido a varias acusaciones serias, entre ellas peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta. Estas acusaciones son parte de una amplia investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con un desfalco de más de 3 mil 412 millones de pesos en el estado de Michoacán durante su administración.
Cabe destacar que el pasado 20 de agosto, el exgobernador debía presentarse ante la jueza Sánchez Nava para conocer las imputaciones en su contra. Sin embargo, aunque sus abogados estaban presentes, Aureoles no compareció, sin que se hayan aclarado las razones de su ausencia.
Este acontecimiento forma parte de una serie de complicaciones legales que han marcado el periodo post-gubernatura de Aureoles, aumentando la atención pública sobre los posibles crímenes de corrupción en la administración pública en México. La situación sigue en desarrollo, con un contexto que evidencia la fricción entre las autoridades judiciales y un exgobernador que busca evadir las consecuencias de las acusaciones en su contra.
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