En un paso significativo hacia la conformación del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República han aprobado la metodología y el formato para evaluar a los 44 aspirantes que buscan integrar este órgano clave. Esta decisión se llevó a cabo durante una sesión celebrada el 28 de julio de 2025, cuando la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, dio a conocer que, entre los 138 ciudadanos que se registraron, solo 44 completaron el procedimiento.
Para entender el contexto, es importante destacar que entre los aspirantes hay una diversidad de perfiles: 21 se han postulado como especialistas, 11 como representantes de organizaciones civiles y 12 como familiares de personas desaparecidas. Estos candidatos provienen de diversas entidades del país, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Sinaloa, lo que resalta la amplitud de la representación geográfica en este proceso crucial.
En etapas subsiguientes, se procederá a la evaluación minuciosa de estos aspirantes. De acuerdo con un acuerdo aprobado en el pleno de la Cámara Alta el 1 de julio, se espera que los perfiles finales sean seleccionados a más tardar el 15 de agosto. Este proceso implica que las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos elaboren un dictamen fundamentado que contenga la lista de candidatos que cumplen con las condiciones de elegibilidad requeridas.
El Consejo Ciudadano resultante estará compuesto por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas de alto reconocimiento en la protección de derechos humanos y búsqueda de personas, uno de los cuales deberá tener experiencia en el ámbito forense. Además, cuatro miembros serán representantes de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de derechos humanos.
Este consejo no solo tendrá un rol consultivo, sino que también podrá emitir recomendaciones y denunciar irregularidades cometidas por funcionarios involucrados en la compleja tarea de la búsqueda de personas desaparecidas, un asunto crítico que afecta a muchas familias en el país.
La importancia de este organismo radica en su potencial para mejorar la efectividad de las búsquedas y garantizar que se respeten los derechos humanos durante todo el proceso. Lo que sigue es esencial no sólo para el futuro de quienes buscan a seres queridos desaparecidos, sino también para fomentar la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.
Con estas medidas, se vislumbra un paso esperanzador hacia la justicia y la transparencia en un asunto que ha marcado la vida de miles de mexicanos. La información presentada se refiere al proceso y avances hasta el 29 de julio de 2025.
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