Nada es casual. Frente a la apuesta de la dirección nacional del PP porque Vox no entre en el gobierno que intenta formar en Castilla y León, una demostración de fuerza en Madrid, donde la extrema derecha acaba de anunciar que no apoyará la ley de autonomía fiscal de Isabel Díaz Ayuso. La líder conservadora no tiene ningún otro apoyo posible. Consecuencia: tras abocar a Díaz Ayuso a su primera derrota parlamentaria desde el 4-M, perdiendo la futura votación de la ley u obligándola a retirarla, el pleno de la Asamblea de hoy servirá para tomarle la temperatura a una nueva etapa de tensa convivencia entre los dos socios.
“Es el juego político”, dijo ayer el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, sobre la enmienda a la totalidad registrada por Vox. “No la entiendo en absoluto, y creo que va a tener para ellos un coste muy grande entre los madrileños”, apuntó. “No pensamos que en esta enmienda haya tenido que ver el resultado de las elecciones de Castilla y León”, puntualizó. “Sostienen que como ellos no creen en el estado autonómico, una ley que defiende la autonomía financiera no encaja en su línea de actuación”, siguió. Y remató: “(…) Es una línea muy equivocada (…) Vox está consiguiendo ayudar a Pedro Sánchez a que meta la mano en el bolsillo de los madrileños”.
Expresiones tan rotundas y alejadas de la diplomacia con la que se suele tratar las desavenencias con un socio parlamentario reflejan la tensa situación que afrontan desde ahora PP y Vox. La formación conservadora ha hecho lo imposible para que la extrema derecha apoye el proyecto legislativo de Díaz Ayuso. Así, le envió el texto antes de que fuera aprobado en el consejo de gobierno. Buscó repetidamente una reunión con la líder autonómica de su socio, Rocío Monasterio, antes de remitir la ley a la Asamblea. Y pese a todos esos esfuerzos, se desayunó la negativa de Vox en los medios de comunicación, sin aviso privado previo. Lo que en sí mismo es todo una advertencia.
“Vox no va a colaborar para que Madrid se convierta en una Comunidad que promueva la desigualdad y la insolidaridad”, justificó ayer el partido de Santiago Abascal a través de un largo hilo publicado en Twitter.
PP y Vox siempre han vivido en una complicada dicotomía: luchan por seducir al mismo electorado, lo que les enfrenta, y al mismo tiempo esos mismos electores no entenderían que no se apoyaran en la Asamblea.
Desde su triunfo del 4-M, Díaz Ayuso ha actuado como si la formación de Monasterio fuera un partido subordinado al PP, ya que solo necesita cuatro abstenciones suyas para sacar adelante sus proyectos —bloquearlos obligaría a Vox a votar junto a la izquierda—. A acrecentar esa sensación de dominio ha ayudado el seguidismo de la extrema derecha, que rectificó su anunciado apoyo a la comisión de investigación sobre las muertes en las residencias, y votó a favor de los Presupuestos de 2022, la ley maestra educativa, o la reforma de la ley que regula Telemadrid. Esa unidad de voto solo se ha roto en tres proposiciones no de ley sin efectos prácticos.
El PP no vio en los comicios madrileños de mayo de 2021 el aviso que han confirmado ahora las elecciones de Castilla y León: pese al fenómeno Ayuso, Vox mejoró sus resultados de 2019. Y ahora ha llegado hasta los 13 representantes en Castilla y León, donde vuelve a ser decisivo para el gobierno. Un punto de inflexión que tiene su réplica a nivel madrileño. Hoy la Asamblea empieza a medir si los dos socios viven una desavenencia puntual —circunscrita a la ley de autonomía financiera—, o el inicio de una nueva etapa marcada por la cercanía de las elecciones: para mayo de 2023 queda poco más de un año.
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