En el contexto de la consolidación fiscal que busca implementar el gobierno de Claudia Sheinbaum, surgen preocupaciones respecto al presupuesto asignado para combatir el trabajo infantil en México. Según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gobierno ha reducido en un 7.9% la cifra destinada a estos programas, fijándola en 93,700 millones de pesos para este año.
El análisis revela una discrepancia inquietante entre la asignación de recursos y su ejecución efectiva. Del presupuesto aprobado en 2024, que ascendía a 101,700 millones de pesos, solo se utilizó el 58.6%, lo que plantea dudas sobre la implementación efectiva de las políticas públicas diseñadas para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, y erradicar el trabajo infantil.
En México, este presupuesto se canaliza a través de diversas unidades responsables, que realizan acciones específicas contra el trabajo infantil, incluidas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Mexicano de la Juventud, y otras direcciones que trabajan en áreas clave. Sin embargo, el CIEP subraya que esta asignación carece de programas presupuestarios específicos que atiendan directamente la problemática del trabajo infantil.
Ante este panorama, se considera crucial avanzar hacia la creación de programas que focalicen los recursos en la erradicación del trabajo infantil, buscando así mejorar la eficacia del gasto público y responsabilizar a las entidades involucradas en la protección de este sector vulnerable.
Un dato alarmante proporcionado por la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que 3.7 millones de infantes, entre cinco y 17 años, se encuentran en situación laboral. Esto representa el 13.1% de la población en este rango de edad, y un aumento de 1.7 puntos porcentuales en comparación con 2019.
El CIEP distingue entre dos tipos de trabajo infantil: el primero incluye actividades ilegales realizadas por menores de 15 años o adolescentes de 15 a 17 años en contextos prohibidos. El segundo son quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, que implican tareas no remuneradas, a menudo invisibilizadas en la discusión pública.
La disminución del presupuesto y la falta de programas específicos resaltan la necesidad urgente de atención a esta problemática, que no solo afecta a los niños y adolescentes directamente, sino que también tiene repercusiones en el tejido social y en el futuro del país.
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