El magistrado Juan Carlos Peinado ha convocado para el próximo sábado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como a su asistente, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Esta citación surge en el marco de una imputación relacionada con un presunto delito de malversación de caudales públicos. Fuentes locales indican que el procedimiento podría llevar a que un jurado popular evalúe la responsabilidad penal de los involucrados.
En el auto judicial, Peinado no detalla los hechos atribuidos a Gómez, pero justifica este paso según la normativa del tribunal del jurado, que habilita este procedimiento cuando hay indicios suficientes de que los hechos pueden encajar en un delito de su competencia.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y se centra en si Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa, realizó tareas relacionadas con la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado señala que la recepción de correos electrónicos entre Álvarez y el vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, refuerza la credibilidad de los hechos investigados.
Peinado destaca que la Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado la continuación de la indagación y menciona que Gómez no respondió a todas las preguntas durante su última comparecencia. También se recuerda que el Tribunal Supremo ha descartado la imputación del ministro Félix Bolaños, la cual había sido solicitada en relación con la contratación de Álvarez.
En su declaración, Gómez argumentó que su asistente le envió correos como un favor personal, desvinculándolos de sus funciones en el Palacio de la Moncloa. Además, resaltó que las esposas de anteriores presidentes del Gobierno también contaron con figuras de apoyo similares.
Esta situación destaca la compleja intersección entre la política y la gestión pública, donde los límites de las roles formales y los vínculos personales son sometidos a escrutinio. La atención mediática a este caso pone de manifiesto el interés que generan las acciones de figuras públicas en el contexto político español. El desenlace de esta investigación promete acaparar titulares y desatar debates sobre la responsabilidad de aquellos que ocupan cargos de confianza en el gobierno.
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