El ámbito judicial en Tabasco continúa siendo un escenario de tensiones y decisiones cruciales en materia de seguridad y corrupción. Recientemente, el Juzgado Primero de Distrito, bajo la dirección de la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, tomó una determinación significativa al negar la solicitud de suspensión provisional presentada por Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada. Ambos son hijos de Hernán Bermúdez Requena, alias “el Abuelo”, conocido líder del grupo delictivo La Barredora.
Esta resolución reafirma el acuerdo 228/2025 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que desde el pasado 24 de julio había incluido a los hijos de Bermúdez en la lista de cuentas bancarias bloqueadas. La medida busca prevenir el uso indebido de activos relacionados con actividades ilícitas, un paso importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
Sin embargo, la situación no termina ahí. La misma jueza Carbajal Díaz ha admitido a trámite un juicio de garantías presentado por Fabiola Bermúdez Encalada, otra hija de “el Abuelo”, que busca revertir el bloqueo de su propia cuenta bancaria en BBVA. Esta impugnación se produce tras un fallo previo de la jueza Dora Crystal Olivares Muñoz, del Juzgado Cuarto de Distrito, quien había desestimado la solicitud de suspensión definitiva el 26 de agosto.
Un aspecto interesante del caso es la intervención de un Tribunal Colegiado en materia Penal, que ha instruido a la jueza Carbajal Díaz a permitir que Hernán Bermúdez Requena ratifique el amparo promovido el 14 de agosto. Este amparo busca impugnar el bloqueo no solo de sus cuentas personales, sino también de los activos de empresas vinculadas a su familia. Cabe recordar que “el Abuelo” se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Este caso no solo resalta la complejidad de los procesos judiciales en México, sino que también pone de relieve la interconexión entre el nuevo marco legal anti-corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Mientras la defensa de los Bermúdez busca recuperar el acceso a sus recursos financieros, la UIF y el sistema judicial continúan firme en sus esfuerzos por desmantelar estructuras vinculadas a la delincuencia organizada.
La población observa con atención estos desarrollos, pues el outcome de este juicio podría sentar precedentes en la aplicación de leyes contra el crimen organizado y la transparencia en la administración de justicia en el país.
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