El futuro ya está aquí, pero su acceso es desigual. Esa es la reflexión que nos recuerda el avance y las oportunidades que trae consigo la salud digital en México. No se trata de una simple moda tecnológica, sino de una herramienta esencial para cerrar la histórica brecha en el derecho a la salud en el país.
Durante décadas, el sistema de salud mexicano ha enfrentado desafíos serios: desde expedientes en papel y la falta de información trasladable con el paciente, hasta la concentración de especialistas en grandes ciudades. Esto ha obligado a millones de personas a recorrer largas distancias en busca de atención básica. Así, la salud digital —con elementos como la telemedicina, teleconsultas y registros clínicos interoperables— se revela como una necesidad y no un lujo.
En el ámbito legislativo, se han logrado avances significativos. La reforma a la Ley General de Salud, publicada el 15 de enero de 2026, marca un cambio fundamental. Por primera vez, la salud digital se integra de manera explícita en la normativa, con la Secretaría de Salud al mando y una obligación para las instituciones del Sistema Nacional de Salud de desarrollar capacidades digitales. Además, se establece un marco más riguroso para la protección de datos personales en salud.
Este progreso legislativo no es resultado del azar. Es el fruto de años de esfuerzos conjuntos, donde iniciativas presentadas en 2021 y debates técnicos han jugado un papel crucial. La participación activa de la sociedad civil, la academia y el sector privado han sido fundamentales. En este contexto, es pertinente destacar la labor de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). Desde 2020, su apoyo en la discusión y diseño de una Ley de Salud Digital ha sido constante y crucial. FUNSALUD ha sido más que un observador; ha sido un aliado en la articulación de acciones y en la generación de insumos legislativos.
Con este esfuerzo colectivo, hemos comenzado a abordar temas que anteriormente estaban ausentes en los debates públicos: gobernanza de datos en salud, ciberseguridad, consentimiento informado digital y ética en el uso de inteligencia artificial, entre otros.
Sin embargo, es importante subrayar que el avance normativo por sí solo no es suficiente. Aunque contamos con un marco legal más moderno, la implementación enfrenta un obstáculo estructural crucial: el presupuesto. Con un gasto público en salud que representa solo el 2.6% del PIB, uno de los más bajos de América Latina, el riesgo es claro: las reformas podrían quedarse en letra muerta sin una inversión adecuada, especialmente en los estados y municipios con mayores necesidades.
Por ello, el próximo paso es decisivo. Debemos supervisar la reglamentación, exigir informes periódicos, definir indicadores claros de impacto y que el despliegue de la salud digital se conecte con metas concretas para reducir desigualdades territoriales y sociales. La tecnología debe centrarse primero en aquellas regiones donde históricamente el Estado ha estado ausente.
En este camino, es fundamental que organizaciones como Transform Health México y FUNSALUD continúen su colaboración. Su rol es ahora más relevante, generando evidencia de resultados y asegurándose de que la agenda de salud digital responda a las verdaderas necesidades de las comunidades mexicanas.
La salud digital no es un objetivo en sí mismo, es un medio para lograr algo más grande: que nacer en una comunidad rural o en una zona marginal no determine las oportunidades de vivir una vida saludable y digna. En este esfuerzo, es vital seguir trabajando juntos por un futuro en el que todos tengan acceso efectivo al derecho a la salud.
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