En las últimas semanas, la crisis de seguridad en Chile ha sido un tema constante en la agenda pública. Diversos alcaldes de diferentes signos políticos han expresado su preocupación por el aumento de la delincuencia en sus comunas y han solicitado la intervención de las fuerzas armadas para combatir este problema.
El presidente ha sido presionado para tomar medidas concretas y efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, se ha generado un debate en torno a la posibilidad de recurrir a la presencia militar en las calles para contener la ola de criminalidad.
Si bien es cierto que la situación de inseguridad en algunas zonas del país es alarmante, es importante considerar que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y el rol de las instituciones encargadas de mantener el orden público.
Es fundamental que cualquier medida tomada para hacer frente a la delincuencia sea cuidadosamente evaluada y que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La seguridad es un derecho inalienable, pero su protección debe ser realizada de manera ajustada a la legalidad y respetando los principios democráticos.
En este sentido, es responsabilidad de las autoridades competentes abordar de manera integral y coordinada las causas estructurales de la delincuencia, promoviendo políticas públicas eficaces que contribuyan a prevenir el delito y proteger a la ciudadanía.
La situación actual en Chile requiere de un enfoque serio y reflexivo por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. La seguridad es un derecho fundamental que debe ser garantizado, pero no a costa de la vulneración de otros valores igualmente importantes para el funcionamiento de una sociedad democrática y justa.
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