Nueve días después del trágico asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal se reunieron en un encuentro reservado con productores de limón en Michoacán. Este encuentro tuvo como objetivo reforzar las operaciones de seguridad frente a la creciente problemática de extorsiones y cobro de piso que afecta al sector citrícola del estado.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó a través de la red social X que el homicidio de Bravo no quedará impune. Su mensaje, que incluía fotografías de la reunión realizada en la sede de la 43 Zona Militar en Apatzingán, subrayó la urgencia de medidas de seguridad tras las instrucciones del presidente. Acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el gabinete de seguridad se comprometió a escuchar las inquietudes de los productores y a tomar acciones concretas.
Durante esta reunión, también participaron funcionarios de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Las autoridades anunciaron un fortalecimiento de las acciones conjuntas, enfocadas en la investigación e inteligencia necesarias para salvaguardar al sector productivo y detener a quienes amenazan la paz en Michoacán.
La situación ya era crítica antes de la reunión, evidenciada por el hallazgo del cuerpo de Bravo Manríquez el pasado 20 de octubre. Su cuerpo, con signos de tortura y un disparo en la cabeza, fue encontrado en su camioneta abandonada en la brecha Apatzingán–Presa del Rosario, un trágico recordatorio de la violencia que permea en la región.
Este cónclave, marcado por la presencia de un fuerte operativo de seguridad militar, demuestra la urgencia y la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para todos los productores que, al igual que Bravo, enfrentan diariamente la amenaza de la violencia criminal. La respuesta clara y contundente del gobierno es crucial para restaurar la confianza y permitir que el sector citrícola continúe siendo una fuente vital de sustento en Michoacán.
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