En 133 aglomeraciones urbanas españolas, las aguas residuales de entornos domésticos e industriales se vierten sin recibir un tratamiento adecuado para proteger el medio ambiente. Esta situación, prolongada en el tiempo, ha hecho que la Comisión Europea acabe llevando a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El propio Ejecutivo que dirige Ursula Von der Leyen ha explicado este miércoles en un comunicado que desde que se inició el expediente ha habido “progresos”, pero estos son insuficientes, lo que ha hecho que tras varios avisos Bruselas haya terminado llevando a España ante la justicia.
De momento, en este procedimiento la Comisión no pide que España sea multada —como ya está ocurriendo también por la falta de depuración en otras siete localidades y que ya le ha costado al Estado 63 millones de euros en sanciones— sino que los magistrados dicten una sentencia por el incumplimiento de las normas medioambientales europeas. Pero si, tras esa presumible condena, los vertidos de aguas sin tratar en estas 133 aglomeraciones continuaran, Bruselas podría volver a demandar a España y pedir una multa, como ha ocurrido con el caso que ha obligado ya a pagar esos 63 millones de euros.
La directiva para el tratamiento de aguas residuales en núcleos urbanos, aprobada hace ya 31 años, obliga a recoger y tratar los vertidos de aguas residuales urbanas para que no perjudiquen el medio ambiente. Esto se traduce en la instalación de sistemas de depuración en las “aglomeraciones” (ciudades, uniones núcleos urbanos y polígonos industriales) y, cuando está justificado, mecanismos individuales o equivalentes, siempre y cuando se alcance “el mismo nivel de protección medioambiental”.
Ante su incumplimiento en estas 133 aglomeraciones, la Comisión abrió un expediente sancionador hace más de cinco años, en diciembre de 2016. Tal y como obliga el procedimiento de actuación ante la existencia de infracciones, el Ejecutivo comunitario, presidido entonces por el luxemburgués Jean-Claude Juncker, remitió una carta formal a España que debía tener una respuesta. Esta llegó pero no fue suficiente. “Una evaluación técnica de las respuestas de España muestra que siguen incumpliéndose a gran escala las obligaciones de la directiva, teniendo en cuenta que 133 aglomeraciones vierten en zonas normales o en zonas sensibles. A pesar de algunos avances, no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo. Por tanto, la Comisión le envía un dictamen motivado y le pide que acelere el cumplimiento”, exponía Bruselas en febrero de 2020, cuando dio el siguiente paso en el expediente. El conocido este miércoles supone el final del recorrido administrativo y la apertura del camino judicial.
A principios de este año, España tenía abiertos 26 expedientes europeos por infracciones medioambientales. Era Columna Digital de la UE que más procedimientos de este tipo tiene abiertos. España ocupa desde hace años los primeros puestos de esa lista, esta situación se debe, en parte, al bloqueo parlamentario y legislaturas fallidas que España ha sufrido recientemente. Esto frenó la actividad legislativa y la trasposición de normas.
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Pero también hay otros casos que se remontan muchos años atrás y se debe a una falta de inversiones evidente para cumplir con los estándares europeos. Es el caso precisamente de la depuración de las aguas que se vierten a los ríos y los mares sin el suficiente tratamiento, como ocurre con ese expediente por las 133 aglomeraciones. Además de la denuncia que acaba de presentar la Comisión y del caso que ha acabado en la millonaria sanción, España tiene abiertos otros tres europeos expedientes abiertos por mala depuración. Los que están más avanzados son los que afectan a las poblaciones de más tamaño y los que afectan a las zonas medioambientales más sensibles.
La responsabilidad en el tratamiento de las aguas es municipal en España. Los Ayuntamientos son los que tienen las competencias en depuración, pero tras años de incumplimientos y ante la falta de recursos económicos de muchas localidades, las comunidades autónomas y el Estado asumieron la construcción de las depuradoras e instalaciones necesarias. Sin embargo, a pesar de ese apoyo, los incumplimientos se han seguido manteniendo más de tres décadas después de aprobarse las normas ambientales europeas que buscan proteger la calidad de las aguas de la UE.
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