El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha desafiado las críticas sobre la reciente aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador, que algunos observadores han calificado como un peligroso debilitamiento de la democracia. Durante un trámite acelerado, el Congreso, bajo el dominio del oficialismo, modificó la Constitución para permitir reelecciones ilimitadas, extender el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminar la necesidad de una segunda vuelta electoral.
En su primera respuesta a las reacciones adversas, particularmente de organismos internacionales de derechos humanos, Bukele argumentó en la red social X que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno”, insinuando que las críticas son desproporcionadas por el simple hecho de que provienen de una nación “pequeña y pobre” como El Salvador.
Con una ironía notable, el mandatario de 44 años, quien asumió el poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un impresionante 85% de los votos, sugirió que las críticas seguirían incluso si El Salvador adoptara un sistema parlamentario similar al de países como el Reino Unido o Dinamarca. “El problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano”, expresó, denunciando lo que considera un doble rasero en la percepción internacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado esta reforma como un “golpe mortal” a la democracia y como un acto de manipulación de la Constitución para beneficiar las aspiraciones personales de Bukele. A pesar de su creciente popularidad por la drástica reducción de la violencia a través de su “guerra” contra las pandillas, que ha llevado a cifras históricamente bajas de criminalidad, su administración enfrenta fuertes críticas por su enfoque en materia de derechos humanos.
Los críticos apuntan a que las políticas de seguridad se sustentan en un régimen de excepción que permite arrestos masivos sin orden judicial y restringe libertades fundamentales. Este marco legal se enmarca en un contexto donde docenas de defensores de derechos humanos y periodistas han sido víctimas de persecución, forzando a muchos al exilio.
Con estos cambios, Bukele intenta consolidar su control sobre el poder en un país que enfrenta desafíos de gobernabilidad y derechos humanos. La estrategia política y legal de su gobierno sigue generando un debate intenso, tanto a nivel nacional como internacional. La controversia en torno a la reelección indefinida representa claramente la tensión entre la soberanía de la nación y las expectativas globales sobre la democracia.
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