Campesinos amenazan con reactivar protestas por cosechas.

El conflicto entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el agronegocio mexicano ha alcanzado un punto crítico, con la falta de acuerdos sostenibles evidenciada en las recientes acciones de los agricultores. Desde el 17 de diciembre de 2025, los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han intensificado sus reclamaciones por precios justos para productos agrícolas esenciales, tales como maíz, frijol y aguacate. A medida que se reavivan las protestas, se espera que los sectores agrícola y gubernamental entren nuevamente en una fase de diálogo tenso.

Las imágenes de bloqueos en carreteras, garitas y puentes internacionales que paralizaron el país hace algunas semanas están a punto de repetirse. Los agricultores han manifestado su intención de reanudar las movilizaciones si la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, no muestra disposición para asegurar precios equitativos que reflejen el costo de sus cosechas. Las protestas anteriores habían generado pérdidas millonarias y una crisis en la movilidad que obligó al Gobierno a responder.

La presidenta Sheinbaum minimizó el impacto de las manifestaciones, afirmando que solo se trata de ciertos grupos y que las demandas no reflejan la realidad de la mayoría de los agricultores en el país. Sin embargo, los líderes gremiales señalan una falta de voluntad política para apoyarlos en la creación de una reserva alimentaria nacional, que garantice precios justos y un acceso equitativo a productos básicos. El costo estimado para implementar esta reserva asciende a 100,000 millones de pesos.

La propuesta de la reserva busca reducir la dependencia del sector agrícola de subsidios públicos. Eraclio Rodríguez, productor de maíz y exdiputado, expresó que este mecanismo podría permitir un control más cercano del mercado, facilitando la distribución de alimentos de manera más efectiva. La situación actual parece inestable, ya que los agricultores han declarado que, sin una respuesta favorable del Gobierno, se verán obligados a reactivar las movilizaciones en las primeras horas del jueves.

Este clima de tensión entre las organizaciones agrícolas y el gobierno no es nuevo; hace apenas unas semanas se alcanzó una tregua que se está agotando rápidamente. La presidenta, aunque admite que los precios de los granos han disminuido, ha defendido que la mayoría de los productores han recibido apoyo. Sin embargo, las críticas son constantes, y los líderes han dejado claro que sus demandas son innegociables.

La estrategia del Gobierno y su forma de abordar las exigencias de los agricultores se enfrenta a un desafío crucial. La falta de un acuerdo eficaz podría llevar a nuevas protestas que comprometan la estabilidad agrícola y económica del país, poniendo en jaque la seguridad alimentaria y la relación entre el Estado y los productores.

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