Capturan a siete guardaespaldas de Manzo; uno se escapa.

En un giro escalofriante de los acontecimientos en Uruapan, Michoacán, la investigación del asesinato del alcalde Carlos Manzo ha llevado a la detención de siete de sus ocho escoltas, mientras que el octavo se encuentra prófugo. Este complejo caso ha desvelado un trasfondo inquietante que involucra a figuras del crimen organizado, poniendo el foco en la seguridad pública y la corrupción.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue brutalmente asesinado, y las autoridades han apuntado a su círculo de seguridad como participantes en el delito de homicidio calificado por omisión. La fiscalía estatal ha destacado que los escoltas, en lugar de garantizar la protección del alcalde, fallaron en su deber, un hecho que se ha evidenciado con pruebas periciales y testimonios. De hecho, uno de los escoltas reconoció haber disparado al agresor mientras estaba inmovilizado, lo que ha complicado aún más su situación legal.

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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el octavo escolta huyó durante las detenciones que se llevaron a cabo el viernes pasado. En total, se han presentado siete detenidos ante un juez de control, quien ha dictado prisión preventiva. Esta medida se considera una acción interinstitucional en respuesta a la gravedad del caso y ha involucrado a distintas secretarías del gobierno, incluyendo la de Seguridad y Protección Ciudadana.

La fiscalía ha argumentado que varios escoltas estaban apostados a una distancia inapropiada, despreciando las normas básicas de seguridad que deberían haber seguido. A la luz de la situación, el juez ha decidido que el presunto autor intelectual del asesinato, conocido como Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado, también enfrente prisión preventiva. Los informes indican que el móvil del crimen estaría vinculado a órdenes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes ofrecieron una considerable suma de 2 millones de pesos por la ejecución de Manzo.

Mientras la atención mediática y pública se centra en este caso, se ha programado una nueva audiencia para el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025, donde se revisará la situación jurídica de los escoltas detenidos. Este caso pone en relieve no solo la violencia que impera en ciertas regiones de México, sino también las complejidades de la seguridad y la lealtad en un entorno tan hostil. La creciente ola de criminalidad y la corrupción en instancias de poder hacen que la búsqueda de justicia sea un reto constante y urgente.

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