La discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2026 ha puesto en el centro de atención la controvertida Ley de Ingresos, que, a pesar de la promesa de no incrementar la carga fiscal, impactará negativamente el bolsillo de los mexicanos. Un componente significativo de este nuevo marco fiscal es el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que afectará especialmente a los refrescos y bebidas azucaradas. De una cantidad de $1.64, este impuesto se duplicará, alcanzando los $3.08 pesos por litro, presentándose bajo el argumento de salud pública y prevención social. Sin embargo, muchos consideran esta medida como una estrategia desesperada para incrementar la recaudación.
Además, el presupuesto incluye una carga fiscal sin precedentes del 8% sobre los videojuegos clasificados como violentos y un incremento en los impuestos sobre tabacos y juegos de azar. Este enfoque tributario revela cómo el gobierno prioriza la financiación de sus políticas a través de una expansión de la cauda tributaria, penalizando el consumo popular y añadiendo más presión económica a las familias.
Uno de los aspectos más preocupantes del presupuesto es el nivel de endeudamiento que se avecina, que junto a su costo inminente genera inquietud. Para 2026, se anticipa un costo financiero de la deuda pública de alrededor de $1.57 billones de pesos, la cifra más alta en más de 30 años, desde 1991. Este escenario plantea una grave amenaza a la estabilidad económica del país, ya que se prevé que el servicio de la deuda supere incluso la inversión en sectores vitales como la salud y la educación.
La deuda, exacerbada en parte por un alto déficit fiscal de 2024, estimado en 5.7% del PIB, compromete el futuro económico de México, configurándose como una hipoteca para las generaciones venideras. Según estimaciones, la deuda pública por persona podría alcanzar un récord de $151,000 pesos, equivalente a más de dos años de recaudación fiscal individual.
En resumen, el Presupuesto 2026 se erige sobre una estructura ideológica peligrosa que favorece el gasto presente mediante deuda e impuestos indirectos, arriesgando así la viabilidad financiera del país a largo plazo. Mientras se preparan las discusiones sobre la aprobación de estos lineamientos, la sociedad observa con atención cómo estas decisiones impactarán su vida cotidiana y el futuro económico nacional.
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