En un reciente operativo en Morelia, se capturó a Jorge Armando “N”, alias el Licenciado, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) involucrada en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el 1 de noviembre. Este arresto se suma a una serie de acciones por parte de las autoridades para desmantelar la estructura criminal en la región.
La investigación reveló que el Licenciado operaba mediante una aplicación de mensajería cifrada, donde se coordinó y supervisó en tiempo real el ataque contra Manzo. Bajo su liderazgo, se manifestó una estructura criminal que ejercía un control riguroso sobre los movimientos y acciones de sus elementos. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la presión ejercida por el Licenciado para llevar a cabo el homicidio fue constante y decisiva.
El caso se complicó con la reciente aparición de los cuerpos de dos cómplices, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. Estos individuos, encontrados el 10 de noviembre, habían estado en contacto con Víctor Manuel “N”, el presunto autor material del asesinato, quien fue abatido momentos después del ataque. Las investigaciones posteriores revelaron sus vínculos a un chat donde se organizó el crimen, identificando al Licenciado como el autor intelectual que daba órdenes directas.
Los mensajes recuperados confirmaron instrucciones expresas para eliminar al alcalde, incluso si estaba acompañado, y la indicación de destruir pruebas. Además, Ramiro “N” fue identificado como un instructor de armas, aplicando castigos a quienes no cumplían con los mandatos del Licenciado. Esto agrega una capa de organización y disciplina a la estructura criminal del CJNG.
La captura del Licenciado, considerada un hito en la lucha contra el crimen organizado en la zona, ocurrió el 18 de noviembre y se desarrolló sin disparos, en un operativo que culminó con el aseguramiento de un arma, dos teléfonos, y otros objetos de interés criminal. García Harfuch enfatizó la relevancia de esta detención para desarticular la red responsable del ataque, garantizando que no habrá impunidad en este caso.
A la vez, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que existen 83 denuncias administrativas en curso relacionadas con casos de corrupción en el municipio de Uruapan, tramitadas por el exalcalde. Estas investigaciones, dirigidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, subrayan la complejidad del contexto en el que se desarrollaron los eventos que culminaron en el asesinato de Manzo.
Las autoridades continúan investigando para identificar y capturar a otros involucrados en esta ola de violencia, destacando que el CJNG mantiene una presencia significativa en la región. La interacción entre crimen organizado y corrupción municipal plantea interrogantes sobre la estabilidad de la seguridad pública en Michoacán.
Esta situación, en constante evolución, plantea serios desafíos para el Estado, que ahora enfrenta la tarea de desmantelar no solo las estructuras criminales, sino también de atender las raíces de la corrupción que permiten su existencia.
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