El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado este viernes una decisión tajante en la investigación que mantiene abierta sobre el delito de cohecho en la era del presidente José María Aznar, la última derivada del caso Gürtel que colea en instrucción y que mantiene bajo sospecha 23 adjudicaciones valoradas en casi 600 millones de euros. El magistrado dio por finalizadas estas pesquisas hace casi un año y medio, a falta de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda) le enviara su informe final sobre la causa. Sin embargo, a día de hoy, ese documento no ha llegado; y el juez ha ordenado citar a los dos peritos encargados de elaborarlo. Pedraz considera clave ese informe porque, una vez analizado, decidirá si propone enviar a alguien al banquillo por las irregularidades detectadas, que conectan la concesión de contratos públicos con la caja b del PP.
El magistrado ha fijado la comparecencia de los técnicos para el próximo 10 de noviembre en la secretaría del Juzgado Central de Instrucción 5, que él encabeza. Pedraz ha movido ficha después de que, tras la vuelta del verano, ya reclamase a la IGAE que le entregase el informe final. De hecho, llegó a dar un ultimátum de una semana a la Intervención General del Estado. Entonces, este organismo pidió ampliar ese plazo y el juez le concedió un mes. Pero, “trascurrido” ese tiempo y “sin que se haya presentado el informe que pende en la presente causa”, la paciencia del juez se ha agotado y los ha citado en persona, según consta una resolución dictada este viernes, a la que tuvo acceso Columna Digital.
El 28 de junio de 2021, Pedraz ordenó a los peritos judiciales de la IGAE adscritos a la causa que elaborasen un informe “sobre la regularidad en la tramitación de los expedientes [sospechosos] y la existencia o no de deficiencias en la documentación y valoraciones regladas para su resolución”. Entre otras adjudicaciones, el sumario ha colocado en la diana 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica, cuyo presidente, Alfonso García Pozuelo, ya fue condenado en el caso Gürtel y confesó haber hecho donaciones al PP para conseguir obra pública.
Esta investigación se integra dentro del caso de los papeles de Bárcenas, publicados por Columna Digital en enero de 2013. Una parte del sumario ya se juzgó el pasado año —la relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, que la Audiencia Nacional ha dado por probada y por la que sentenció al PP—, pero otra sigue activa: la referente a las supuestas donaciones de empresarios a la caja b de la formación conservadora a cambio presuntamente de adjudicaciones públicas. De hecho, el extesorero popular Luis Bárcenas declaró sobre ello y, aunque no concretó qué mordidas se dieron para conseguir proyectos, señaló a los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los Gobiernos de José María Aznar como conocedores de la trama.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya entregó un informe al juez en el que considera documentado que existe “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de varias obras y los presuntos pagos de empresarios a la caja b de los populares. También, ha certificado sobrecostes millonarios en las obras sospechosas.
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Pedraz, que sustituyó al frente del juzgado al magistrado José De la Mata, ya resaltó en varios autos que la instrucción permite afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido” a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, recalcó el magistrado.
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