Censura a reporteros en México 2025

En un contexto alarmante para la libertad de prensa en México, el año 2025 ha sido catalogado como el más crítico en términos de acoso judicial contra periodistas. Según informes recientes, entre enero y julio de este año se registraron un total de 51 denuncias dirigidas tanto a profesionales del periodismo como a medios de comunicación. Esta situación ha llevado a la organización Article 19 a solicitar una revisión urgente de los marcos legales que, en su opinión, actúan como herramientas de censura en el país.

Históricamente, la tendencia de acoso judicial ha ido en aumento. En la última década, se han documentado 274 casos desde 2015, y el presente año ha marcado un récord en la cantidad de conflictos legales enfrentados por miembros del gremio. Anualmente, las cifras han fluctuado, comenzando con solo un caso registrado en 2015, y escalando a cifras como 40 en 2021 y 51 en lo que va de 2025.

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Particularmente, el estado de Veracruz se ha destacado como el de mayor vulnerabilidad para los periodistas, acumulando 10 de las 51 denuncias reportadas este año. En el análisis de los estados más afectados, la Ciudad de México y Jalisco siguen a Veracruz, con 9 y 6 casos respectivos, lo que indica un patrón preocupante en regiones clave del país.

Entre los casos más notables, se encuentra el de Lourdes Mendoza, quien fue objeto de una demanda por “daño moral” interpuesta por un funcionario público de alto nivel. Además, el gobernador de Nayarit ha generado controversia al calificar a los periodistas como “sicarios de la comunicación”.

Este fenómeno de acoso judicial se manifiesta a través de diversas vías legales, con el acoso electoral, penal y civil siendo los más utilizados. Article 19 ha subrayado que 16 de los casos registrados este año pertenecen al marco electoral, 14 al penal y 11 al civil.

Frente a este panorama, se hace imperante reflexionar sobre el estado de la libertad de expresión y la importancia del periodismo en la democracia. El aumento del acoso judicial no solo afecta a los periodistas, sino que también atenta contra el derecho de la sociedad a estar informada de manera libre y plural. La urgencia de una acción gubernamental eficaz es clara, y el llamado a revisar las estructuras legales en México es más relevante que nunca.

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