A pesar de los avances en el marco jurídico que México y Centroamérica han implementado frente a la crisis humanitaria de personas migrantes desaparecidas, la situación sigue siendo alarmante. Según el último informe de una organización dedicada a la justicia, los mecanismos de búsqueda y localización de estas personas son insuficientes para enfrentar la magnitud del fenómeno.
El informe detalla que entre 72,000 y 120,000 migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica, habrían desaparecido en México entre 2006 y 2016. Hasta el 11 de septiembre de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México reportaba un total de 329,627 desaparecidos desde 1964, de los cuales 115,462 permanecen sin ser localizados. Sin embargo, la cifra real podría ser aún mayor, dado que la falta de coordinación y de registros adecuados impide una contabilización precisa.
Frente a la escasez de alternativas seguras y legales para migrar, muchos optan por rutas irregulares, arriesgando sus vidas al confiar su destino a “coyotes” o “polleros”, a menudo asociados con redes delictivas. En respuesta a esta crisis, se han establecido varios mecanismos transnacionales en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que buscan mejorar los procesos de búsqueda e identificación de migrantes desaparecidos.
Uno de estos avances son los Bancos de Datos Forenses de Migrantes No Localizados, los cuales han permitido obtener resultados significativos. Por ejemplo, en El Salvador se llevaron a cabo, hasta agosto de 2024, 65 jornadas de toma de muestras, obteniendo 1,176 perfiles genéticos que resultaron en 73 identificaciones. En Honduras, se registraron 62 jornadas, resultando en 1,870 perfiles y 80 identificaciones vinculadas en parte a restos hallados en México.
Estos bancos de datos operan con un enfoque científico y multidisciplinario, garantizando una notificación cuidadosa a las familias sobre las identificaciones logradas. Esta práctica, junto a entrevistas con familiares de desaparecidos, crea un clima de confianza y proporciona información valiosa para las investigaciones.
Adicionalmente, la creación de la Comisión Forense en 2013 busca responder a situaciones críticas, como las masacres de San Fernando y Cadereyta, logrando identificar un total del 51% de los cuerpos analizados, gracias en parte a muestras provenientes de otros países de la región.
Otro pilar fundamental es el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), que permite a los familiares interponer denuncias a través de consulados y embajadas en Centroamérica. Aunque ha canalizado denuncias que solían quedar atrapadas en burocracias, enfrenta críticas por su falta de recursos y una estructura sólida, resultando en que muchos reportes no se traduzcan en investigaciones efectivas.
Este panorama describe una situación crítica y compleja, donde las familias de migrantes desaparecidos continúan enfrentándose a dolorosos interrogantes, y el camino hacia la justicia y la verdad aún parece lejano. La insatisfacción y el sufrimiento que viven estas familias reflejan una crisis de derechos humanos que requiere atención urgente y soluciones integrales. La información expuesta corresponde a la fecha de publicación original (2025-05-19 23:40:00).
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