Las parteras del sur de México son las aliadas de las mujeres que buscan un aborto seguro y no tienen a dónde ir. A ellas acuden mujeres pobres, indígenas o muy jóvenes, las más vulnerables, para recibir un par de pastillas que les garantice interrumpir su embarazo sin poner su vida en riesgo. Los medicamentos para abortar, aprobados por la OMS. Son parte esencial de las herramientas con las que cuentan las parteras para ayudar a quienes no encuentran respuesta en el sistema de salud o a quienes las leyes no les deja más opciones que buscar compañía, en secreto, para abortar.
Un aborto seguro en Chiapas
Hasta el pasado julio, Chiapas era un de los pocos Estados mexicanos en el que existía un plazo para acceder a un aborto seguro incluso cuando se trataba de violación. La SCJN declaró inconstitucional la imposición de tiempos después de estudiar el caso de una joven de 17 años con parálisis cerebral que en 2018 necesitaba interrumpir su embarazo tras ser abusada, pero le fue negado porque ya tenía 90 días de gestación. La Corte dictaminó entonces que la limitación temporal “constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental”. El tribunal puso la atención sobre lo que llamó “conductas arbitrarias y violentas tipificadas penalmente y reprochables por el Estado”.
En Chiapas, el aborto no es punible cuando el embarazo es consecuencia de violación o cuando la madre corre peligro de muerte, o puede determinarse que el feto presenta alteraciones genéticas, pero en la práctica sigue siendo difícil el acceso. Las mujeres viven en un contexto de pobreza, en el que la salud es un privilegio. “Lo que han hecho las parteras es ayudar a cerrar brechas, a vencer esas barreras que les impiden a muchas recibir atención. Lo hacen con sus propios recursos, prestan sus camas, sus pequeños espacios para que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas”, dice Georgina Sánchez Ramírez, coautora de la investigación.
Las parteras entrevistadas por el Colegio de la Frontera Sur
Han sido capacitadas por organizaciones civiles sobre el uso de las pastillas según la normativa de la OMS, que ha señalado que no solo el personal médico puede administrar los medicamentos y ha advertido que es una práctica que no requiere necesariamente de espacios hospitalarios. Así es como la pequeña casa de Socorro se ha convertido en un lugar seguro y de acogida para las mujeres.
La organización Melel Xojobal
Dedicada a promover la garantía de derechos de los niñas y niñas de Chiapas, este Estado ocupa el tercer lugar en número de embarazos en menores de 19 años en el país y registra la segunda tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes con 5.42 por cada 1.000. En 2020, el 14% de la población de mujeres entre los 12 y 19 años ya había sido madre.
La mayoría de las parteras entrevistadas no saben leer, tienen baja escolaridad, casi todas son católicas y todas, por encima de cualquier particularidad, ven como un deber acompañar a las mujeres. La población las reconoce como agentes clave en la atención primaria de salud.
Sánchez Ramírez, junto a Geicel Benítez, se propusieron con esta publicación desmarcar el cliché sobre las mujeres del sur de México como desposeídas y desempoderadas. “Desde el movimiento zapatista de 1994 quedó de manifiesto que las mujeres indígenas tenían su propia agencia. Las mujeres indígenas y rurales de regiones empobrecidas como Chiapas, tienen en su hacer política, su cuestionamiento de usos y costumbres, y su realización de prácticas frente al poder patriarcal”.
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