El nombramiento del Gabinete con más incógnitas previas desde que Chile recuperara la democracia contenía, sin embargo, algunas certezas. La respuesta a la pregunta de si la conformación del Ejecutivo que acompañaría a Gabriel Boric respondería, bien al espíritu refundacional de la primera vuelta de campaña o bien al mensaje de moderación y de centrismo de la segunda, no alteraba la seguridad de que, en cualquier caso, la paridad de género, entendida como la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de poder y de toma de decisiones, sería un criterio indispensable en el que muchos anhelan ver como un nuevo ciclo político.
Columna Digital lo necesita. Chile se ha visto impactado por un estallido social en octubre de 2019 que vino a remover los cimientos de su convivencia. A ello, debió sumar la pandemia de la covid-19, con consecuencias en una maratón electoral que llevó a los chilenos a las urnas seis veces entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022. Al mismo tiempo, está teniendo lugar un proceso de elaboración constitucional del que deberá emanar una nueva carta fundamental que será sancionada en un plebiscito de salida a mediados del año en curso.
Con una correlación de 14 ministras y 10 ministros
No solo se consagra la paridad de género, sino también la diversidad sexual al nombrar, por primera vez, a dos abiertamente homosexuales. Que Boric cumpliría su promesa de Gobierno feminista se vio antecedida por la decisión de su pareja, Irina Karamanos, de aprovechar el rol de primera dama para intentar “reformularlo, de forma de adaptarlo a los nuevos tiempos”. Casi en paralelo se conoció el deseo de la exdiputada Camila Vallejos, quien asumirá la vocería de la futura administración, de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuya existencia se vio amenazada por las promesas de campaña del candidato de la derecha, José Antonio Kast, pudiera ingresar al Comité Político del gobierno. Su ingreso a dicha instancia se concretará finalmente, logrando que la perspectiva feminista tenga la posibilidad de cruzar toda la gestión gubernamental como ha señalado Antonia Orellana, quien será su titular.
Ello contribuye a colocar un nuevo estándar en lo que a Mecanismos para el Adelanto de la Mujer en América Latina se refiere. Hasta el momento, el nivel más alto asignado era el rango institucional de ministerio o bien cuando el rango de la titular es de ministra con plena participación en el Gabinete. Sin embargo, cobra mayor envergadura al integrar el Comité Político porque, con ello, debuta en las ligas mayores.
Ello supone el tránsito, desde un ministerio de carácter sectorial, a pasar a integrar el espacio conformado por los ministerios ocupados por el “círculo de hierro” presidencial (Interior, Hacienda, Presidencia y Gobierno) y que considera también la participación de los presidentes de los partidos. En definitiva, representa un ascenso sin precedentes a esa figura que la Ciencia Política ha dado en llamar “Centro de Gobierno” (CdeG) y que reúne a las instituciones que prestan apoyo directo al jefe del poder ejecutivo en sus funciones de conducción y de gestión.
La recuperación de la paridad en el ejecutivo, de la que Michelle Bachelet fue precursora en América Latina en 2006, pero en la que no perseveró a pesar de que vino a ocupar un segundo mandato luego de ocupar la dirección ejecutiva de ONU Mujeres, es más que una condición de necesidad para el presidente electo. Boric logró el 68% de los votos de las mujeres menores de 30 años movilizando, además, al segmento de mujeres entre 30 y 50 años. Supone, además, un intento de armonización de la conformación del poder ejecutivo con el de la convención constituyente la que, integrada por 77 mujeres y 78 hombres, ha colocado un estándar de referencia global en lo que a elaboración constitucional se refiere.
Si bien Chile muestra la superación de una barrera al haber tenido no una, sino dos veces a una mujer en la presidencia, el camino hacia la paridad de género en el poder no solo no ha sido lineal, sino que ha seguido una trayectoria más bien excéntrica. Vemos hoy día cómo un ejecutivo y una convención constituyente paritarios desentonan con otros niveles de representación política que no deberían quedar ajenos al efecto acelerador que la decisión de Boric produce. Tal es el caso del Poder Legislativo. Gracias a la Ley 20.840, que modificó en 2015 el sistema electoral, se dispone que hasta las elecciones de 2029 los partidos deben tener un máximo de representación de cada sexo de 60%, lo que en la práctica, según reciente estudio de Comunidad Mujer, “funciona como una cuota femenina del 40% del total de candidaturas de cada conglomerado político a nivel nacional”.
De esta forma, las segundas elecciones realizadas bajo su aplicación en 2021 han permitido que la participación femenina en el Congreso ascienda a 35,5%, 12,9% más que la obtenida en las elecciones de 2017. Por su parte, la presencia de senadoras apenas aumentó, pasando de 23,5% a 24%. Desde esta perspectiva, Chile debería considerar que la tendencia regional pasa por el tránsito hacia la legislación paritaria con la que cuentan hoy siete países de América Latina y que obliga a que las listas de candidaturas estén conformadas por 50% de mujeres y de hombres.
Por otra parte, a nivel del poder municipal, y aunque las últimas elecciones asistieron a un avance importante de presencia femenina, con 17% de alcaldesas y 33% de concejalas sin mediar una ley de cuotas, se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley que busca establecerlas en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales.
Otra tendencia que no aterriza todavía en Chile es la elaboración específica de legislación para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, existente ya en Bolivia, México, Ecuador y Panamá. El fenómeno ha sido recogido por estudios, tanto de la Corporación Humanas-Interpreta como del Observatorio de violencia política “Mujer y Política” de la Universidad de Santiago (USACH), arrojando que “más del 70% de mujeres que componen el órgano constituyente han recibido mensajes violentos o de odio”. La situación es ratificada por las parlamentarias en una encuesta desarrollada por el Observatorio de Mujer contra la Desinformación y las Fake News en procesos electorales, de la Fundación Multitudes.
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