Le tomó casi ocho meses, pero el presidente Joe Biden ha conseguido finalmente que el Senado avale a Chris Magnus como cabeza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP, por sus siglas en inglés). El comisionado es el responsable de la Patrulla Fronteriza, el cuerpo de policía más grande del país con 60.000 agentes.
La confirmación del primer encargado de la CBP desde 2019 llega en un momento en el que la frontera con México vive un intenso flujo migratorio. Al mismo tiempo, el Gobierno de Biden intenta romper con las severas políticas implementadas por la Administración de Donald Trump.
La polémica iniciativa recobró la vida gracias al fallo de un tribunal, que consideró que la Administración Biden la había fulminado sin justificación. Los PPM requieren que las personas que soliciten asilo en Estados Unidos esperen su proceso en territorio mexicano sin importar los peligros que viven o la falta de infraestructura para albergarlos. El regreso del Quédate en México muestra que el bien intencionado giro a la política migratoria de Biden tardará en llegar más de lo pensado.
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El nombramiento de Magnus también forma parte de ese viraje en la política migratoria de la Administración demócrata. Necesitó el apoyo de senadores republicanos. Este llegó de la legisladora Susan Collins, de Maine, quien se sumó a los senadores demócratas e impidió que Magnus corriera con la misma suerte que otros nombramientos de Biden como el encargado de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas y la funcionaria de la Auditoría, quien se vio obligada a retirar su postulación esta semana ante la falta de apoyos.
Magnus, de 61 años, era el jefe de policía de Tucson (Arizona) desde 2016. Casado con un hombre que migró desde Hong Kong desde hace 15 años e hijo de un emigrante noruego, tiene una larga trayectoria en los cuerpos policiales desde que entró a la fuerza de Lansig (Michigan).
Posteriormente, fue jefe de las policías en Fargo (Dakota del Norte), Richmond (California) antes de llegar a Tucson, en la frontera con Sonora, donde tenía a su cargo 1.100 agentes. Educado en Harvard, su gestión en las fuerzas de policía se centra en una visión más progresista y en dotar a los uniformados de un entrenamiento para hacerlos menos agresivos y, que en su lugar, construyan relaciones con las comunidades que vigilan.
Los republicanos, en cambio, no lo consideran el hombre adecuado para enfrentarse a lo que catalogan como una crisis en la frontera con México, una zona donde se han registrado 1.7 millones de encuentros con indocumentados en el último año fiscal, la cifra más alta registrada nunca.
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Magnus evitó a toda costa en la audiencia de octubre usar a esa palabra y, en cambio, definió la situación de la zona como un “problema serio” y un gran reto. El ya comisionado de la CBP fue un firme opositor de las duras políticas de Trump. Rechazó el uso de la fuerza desmedida de los agentes en la persecución de inmigrantes sin documentos.
Magnus ha dicho que implementará pruebas de coronavirus y fomentará la vacunación a todos los migrantes detenidos y en custodia de agentes de la Patrulla Fronteriza. Estas acciones podrían auxiliar a que lleguen a su fin las expulsiones del Título 42, una normativa implementada por Trump que permite deportar en caliente a quienes arriban a la frontera por motivos sanitarios por la contingencia del coronavirus. El Gobierno de Biden ha seguido utilizando la herramienta para quitar presión en la zona fronteriza.
A pesar de ser el nuevo rostro para un cambio de política que no acaba de llegar, las organizaciones no gubernamentales ven con escepticismo la confirmación de Magnus. Algunas como el Centro Legal de Defensa de Inmigrantes considera que es difícil que un funcionario por sí mismo pueda romper con las dinámicas de un sistema que ha sido empleado por administraciones, tanto demócratas como republicanas, para perseguir a los inmigrantes. Es, como lo definió el propio Magnus, un enorme reto el que le espera.
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