Los cierres del gobierno estadounidense ocurren cuando el Congreso no logra aprobar los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias necesarios para financiar las operaciones gubernamentales. Cuando se agota la autorización de gasto, el gobierno se ve forzado a operar con limitaciones, centrándose solo en cuestiones de “Seguridad Nacional” y “Seguridad Pública”. En 2025, este cierre comenzó el primero de octubre, y hasta el seis de octubre, aún no hay indicios de resolución.
El impacto de esta situación es monumental. No solo afecta al funcionamiento del gobierno, sino que también repercute en los sectores privados, en los gobiernos estatales y en millones de ciudadanos en el país y en el extranjero.
La narrativa más optimista sostiene que el proceso de negociación presupuestaria en Estados Unidos es una complejidad influenciada por múltiples factores. Sin embargo, la realidad es más cruda: las divisiones ideológicas, políticas y filosóficas se han intensificado en los últimos años, lo que lleva a que las prioridades del Congreso se orienten más hacia la eliminación del partido opositor que hacia el consenso. Esto resulta en un estancamiento legislativo grave.
Tradicionalmente, el presupuesto debe estar aprobado a más tardar a finales de marzo o principios de abril. Sin embargo, en lugar de centrarse en soluciones, los “Distinguished Members” pasan meses en disputas, llegando al final del año fiscal sin un presupuesto establecido. Como solución temporal, eligen la “Resolución Continua de Presupuesto”, que solo restaura los límites de gasto anteriores con algunos ajustes.
De hecho, en los últimos 40 años, el Congreso ha logrado completar las asignaciones presupuestarias a tiempo en solo cuatro ocasiones, la última en 1996, cuando el entonces presidente Bill Clinton buscó apoyo bipartidista ante sus propios escándalos. Desde ese entonces, líderes de ambos partidos han enfrentado dificultades para alcanzar un acuerdo.
El sistema de pesos y contrapesos en el que opera el gobierno estadounidense establece que el presidente proponga un presupuesto que el Congreso debe aprobar. Sin embargo, el aumento del partidismo ha dificultado el consenso. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado deben estar de acuerdo, pero ambas cámaras han estado atrapadas en interminables disputas.
El proceso presupuestario allana el camino a conflictos, y si no se aprueba un nuevo presupuesto antes del inicio del nuevo año fiscal el 1 de octubre, se corre el riesgo de cierres gubernamentales. Este año, 2025, el presidente Trump prefiere utilizar los fondos destinados a servicios esenciales en su lucha contra la inmigración irregular, en lugar de destinarlos a subsidios de salud.
La polarización entre demócratas y republicanos ha llevado a que las crisis presupuestarias se utilicen como herramientas en las luchas políticas, lo que se traduce en cierres del gobierno para avanzar en agendas partidistas. Trump, en particular, puede estar buscando capitalizar esta situación para mitigar la pérdida de influencia que podría enfrentar en las elecciones de medio término de 2025.
Desde 1998, si el Congreso no logra llegar a un acuerdo, se aprueban “Resoluciones Continuas” para mantener la financiación de forma temporal. Sin embargo, la falta de un presupuesto final puede dejar a empleados federales en suspensión o trabajando sin sueldo y causar el cierre de muchos servicios no esenciales.
El impacto de los cierres es significativo: afecta tanto a los empleados federales como a los servicios proporcionados al público. La economía también resiente estos cierres, generando incertidumbre en empresas que dependen de contratos gubernamentales. El último cierre, que se prolongó por 35 días en 2019, costó más de ocho mil millones de dólares a la economía estadounidense.
Comparando con otros países, aunque crisis presupuestarias pueden surgir, existen mecanismos que evitan estas interrupciones, facilitando procesos más fluidos en el parlamento. En Estados Unidos, sin embargo, esta situación es un reflejo de sus dinámicas políticas únicas.
Para comprender mejor este problema, es esencial considerar el funcionamiento del Senado y la Cámara de Representantes, donde las divisiones políticas son palpables y donde la parálisis legislativa se ha vuelto común. A medida que el país avanza, muchos senadores, desilusionados, optan por no buscar la reelección, dejando un legado de frustración en un sistema que no parece adaptarse a las necesidades actuales.
Así, la historia del cierre del gobierno en EE.UU. se convierte en un ciclo repetitivo que refleja tensiones y divisiones, dejando al público en suspenso en un contexto en el que la cooperación se ha vuelto un bien escaso.
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