Tras el trágico asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena-PVEM a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, la situación en la región se ha vuelto crítica. El evento, marcado por la violencia política, ha llevado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) a fortalecer su presencia en el estado. Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz, confirmó que la Fiscalía local y la Fiscalía General de la República (FGR) están a cargo de las investigaciones, aunque aún no se han realizado detenciones.
La violencia no se detuvo en Lara, ya que el conteo de víctimas ha aumentado a cinco, con varios heridos, entre ellos Mario Navarro, hermano de Marisol, quien murió junto a su padre, Miguel Ángel Navarro, mientras saludaban a Lara en un acto de campaña transmitido por Facebook.
Los otros fallecidos incluyen a Silvestre González, brigadista de la candidata, y Aarón Nolasco, su guardia de seguridad personal. Nahle ha calificado el asesinato como un “tema de violencia política claramente” y ha señalado que existen sospechas sobre ciertos candidatos con antecedentes, aunque ha evitado especificar cuántos ni de qué partidos provienen, afirmando que no desea influir en el proceso electoral.
En un contexto alarmante, 57 de los 212 candidatos a munícipes han solicitado protección ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. La mayoría de estas solicitudes proviene del partido Movimiento Ciudadano, seguido por otros partidos como el PAN, PT y PRI. A pesar de la grave situación, la gobernadora ha afirmado que el proceso electoral programado para el 1 de junio está garantizado.
Para proteger a los candidatos, se implementará una nueva célula policial federal que se sumará a los 300 elementos de la Guardia Nacional ya presentes en el estado, enfocando sus esfuerzos en los municipios identificados como “focos rojos” de cara a las elecciones.
La información presentada refleja las tensiones y preocupaciones que marcan la actualidad política en Veracruz, donde la violencia se ha convertido en un factor que influye en la vida democrática del estado. Las autoridades aseguran que están tomando medidas para garantizar la seguridad, aunque la sombra de la violencia política sigue amenazando el clima electoral.
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